Independência ou morte

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Kelly Bolsonaro gosta de uma saia curta

Teve movimento contra o golpe, o retorno da ditadura, Kelly Cardoso aparece. Já invadiu o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, campo de futebol. A última dela, com a calcinha quase aparecendo, foi praticar um ato terrorista na UnB.

Kelly dispensa o sobrenome do presidente Fernando Henrique, o Cardoso, e prefere ser chamada de Bolsonaro, que é seu candidato a presidente, e cujas idéias defende. Um frase da Kelly:

“Em vez de cotas, deveriam dar passagem de volta pra África para aqueles que choram um passado que não viveram”.

Escreve Caroline Bchara: “O ato de extrema direita que ocorreu na noite de sexta-feira (17/6) na Universidade de Brasília (UnB) já é alvo de denúncias no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Neste sábado (18), foi protocolada uma ação contra a ativista Kelly Bolsonaro, tida como uma das organizadoras do evento, em que é questionada se a manifestação pode ser enquadrada como terrorismo.

O autor da denúncia é o profissional de relações públicas George Marques, de 26 anos: ‘Não foi só um ato político. Uma coisa é as pessoas terem opiniões políticas diferentes, outra é elas levarem bombas e armas de choque para uma manifestação. Isso é opressão”.

EL JUICIO ILEGAL DE LA BURGUESÍA CONTRA ROUSSEFF

por Ricardo Robledo
Cambio/ Bolivia

En política no se suma como en las Matemáticas. Muchas veces el que gana pierde. Es decir cree ganar; sobre todo cuando el triunfo se logra a partir de la fuerza o del engaño; pues, llega el momento en que la población supera su estado de postración y confusión; entonces, actúa, haciendo avanzar a la historia como nunca, de un día para otro.

En América Latina, la izquierda ha sido demasiado benévola con la oligarquía, ha aprovechado los resquicios de la democracia burguesa y le ha respetado sus instituciones tratando de rescatar el contenido liberal que pregona desde sus argumentos fundacionales.

Pero los dueños del capital mundial y del orden económico se dieron cuenta de que sus discursos y estamentos democráticos dejaban grietas por donde han entrado propuestas de gobierno que quieren aplicar realmente las bases de los contratos sociales que enuncia el liberalismo: la libertad, la fraternidad y la igualdad.

Los burgueses en todo el mundo no han sido capaces de aceptar los resultados de su propia argumentación democrática. Los gobernantes de izquierda, así elegidos, han sido perseguidos, desprestigiados, enjuiciados, destituidos, asesinados, les bloquean sus programas. El ataque mediático es permanente y tenaz.

Ahora se aumenta la presión sobre Dilma Rousseff, en un juicio en el que 100 de los 367 diputados votantes en contra están investigados por corrupción. Llama también la atención aquellos que hablan con Dios y votan en su nombre. Se invoca lo sobrenatural para enjuiciar sin bases a una Presidenta que no ha cometido delito alguno ante la ley de su país; ningún otro delito que no sea luchar contra el neoliberalismo y sus consecuencias sobre el empobrecimiento de la población.

Las burguesías no aceptan las derrotas y desconocen los resultados en los que han perdido en franca y honesta lid el debate electoral; de esta forma deslegitiman sus instituciones y discursos democráticos y se vuelven ilegales a ojos vistos en el plano nacional, regional e internacional.

Señores periodistas latinoamericanos, ¿qué es lo que está en crisis? ¿La izquierda o el sistema capitalista?

En Venezuela, ahora quieren la amnistía para los implicados en acciones violentas contra la sociedad y la institucionalidad y que continúan las acciones de bloqueo a los planes del Gobierno popular.

Dilma aseguró que es víctima de un proceso basado en injusticia y fraude, que busca interrumpir el crecimiento económico de Brasil

Dilma agregó que en su nación hay una vena golpista que estaba dormida y que la derecha se encargó de activarla usando el instrumento del juicio político, que aunque está inmerso en la Constitución, en este caso es aplicado como un golpe porque no existen bases jurídicas para que se aplique.

Rousseff mencionó que ella es objeto de una injusticia, de un proceso de medias verdades, refiriéndose al hecho de que el impeachment es legal pero si existe un crimen con responsabilidad para procesar a un Presidente de la República y recalcó que contra ella no existe ni una sola prueba de que este envuelta en corrupción.

“Soy víctima de un proceso basado en injusticia y fraude”, dijo.

Resaltó que este proceso es un golpe de Estado por dos razones, una porque “no hay bases legales e incluso si fueran verdad, no son bases para un juicio político” y la otra es por la forma en la que se esta dando, “no tiene que ser armado para ser un golpe, éste se da dentro de las circunstancia en las que se forman las instituciones”.

Alertó que su mandato es blanco desde hace meses de desestabilización por parte de sectores de la derecha nacional e internacional.

Revanchismo conservador

En Brasil, el programa esbozado por los políticos más corruptos del país – Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, vicepresidente y presidentes de la Cámara y del Senado, respectivamente, todos del partido PMDB – representaría un durísimo ajuste fiscal, con cortes sustanciales en las políticas sociales introducidas por el gobierno Lula y profundizadas por el de Dilma. Además del ataque entreguista a Petrobras y al Pre-sal (plataforma petrolera submarina).

 

por Emir Sader
El Mundo/ Página 12

 

Hablamos de restauración conservadora, pero la expresión es un tanto fría para designar el proceso real con que la derecha latinoamericana amenaza a nuestros países. No se trata de un proceso frío de sustitución de un modelo económico por otro. Detrás de ese cambio aparecen cambios profundos en las relaciones de clase, con sentimientos y rencores.

Los gobiernos progresistas de América Latina cometieron el pecado de lesionar intereses de las elites dominantes. En Brasil, el editor jefe del diario O Globo – un tal Ali Kamel – llegó a escribir un libro para acusar a los que han introducido la política de cuotas para negros en las universidades públicas, de haber “introducido” (sic) el racismo en Brasil. Los negros estaban quietos, según él, a lo mejor resignados por su condición, en un país conocido por su “democracia racial”, por una integración consentida, cuando la política de cuotas despertó en ellos sentimientos malos. El libro se llama No somos racistas y acusa a los que han introducido las políticas de cuotas de haber introducido el racismo en Brasil.

Sentimientos similares se mantuvieron presentes en sectores de las elites tradicionales, cuando vieron que sus privilegios dejaban de ser sólo suyos, para convertirse en derechos de todos. Hay sectores de la clase media que no quieren derechos, prefieren privilegios que los incluya solamente a ellos.

Los gobiernos progresistas han promovido los derechos de la gran masa que siempre había estado rezagada, discriminada, excluida. Es una experiencia inolvidable para ellos y traumática para los que los querían siempre abajo. Se fueron acumulando rencores, conforme esa masa fue eligiendo y reeligiendo a los gobiernos que atendían sus reivindicaciones.

Ahora, cuando la derecha ve posibilidades de retornar al gobierno – vía elecciones, como en Argentina o de alguna forma de golpe blando, como en Brasil y en Venezuela –, sus designios se van volviendo claros. No se trata solamente de adecuaciones económicas, sino de virajes fundamentales hacia economías de mercado, abiertas al libre comercio, la vuelta a Estados mínimos y a fuertes recortes de empleos y de los derechos sociales de la gran mayoría.

Se trata de una verdadera revancha social, porque las correlaciones de fuerzas entre las clases han cambiado mucho, a favor de las capas populares. Las elites y la derecha no perdonan haber cedido espacios para los derechos de la masa de la población. Macri ataca directamente las políticas sociales del gobierno de Cristina, so pretexto de equilibrar las finanzas públicas y combatir la inflación.

En Brasil, el programa esbozado por los políticos más corruptos del país – Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, vicepresidente y presidentes de la Cámara y del Senado, respectivamente, todos del partido PMDB – representaría un durísimo ajuste fiscal, con cortes sustanciales en las políticas sociales introducidas por el gobierno Lula y profundizadas por el de Dilma. Además del ataque entreguista a Petrobras y al Pre-sal (plataforma petrolera submarina).

Hablar simplemente de restauración parece algo plácido respecto a la violencia del contenido social de las medidas que buscan poner en práctica, así como de la represión que necesariamente las acompaña.

La lucha por la defensa de la democracia y de los gobiernos progresistas no es solamente una lucha política y electoral, es una inmensa batalla social, de defensa de la gran masa de la población, cuyos derechos están en juego bajo la feroz revancha de clases que la derecha lleva a cabo o pretende hacerlo donde lucha por volver al poder.

 

el objetivo es destruir un proyecto popular y progresista que fue (y todavía es) clave para el desarrollo de una corriente progresista que impulsó transformaciones profundas en varios países

Brasil, a todo o nada

por PEDRO R. BRIEGER*
Diario Público/ Espanha

La decisión de la Justicia brasileña de suspender el nombramiento de Lula da Silva como jefe de gabinete de Dilma Rousseff es un hecho de suma gravedad institucional. Habría que bucear en lo más profundo de la historia latinoamericana para encontrar antecedentes del nombramiento de un ministro de tan alta jerarquía frenado por la Justicia.

Hay que ser muy ingenuo para pensar que el juez Itagiba Catta Preta Neto actuó como parte de una lucha global contra la corrupción, de la misma manera que divulgar las escuchas entre la presidenta Rousseff y el exmandatario Lula da Silva “casualmente” cuando ellos estaban reunidos no forma parte del saneamiento moral del Brasil.

Desde que Rousseff reasumió la presidencia el 1 de enero de 2015, la oposición se puso como objetivo explícito lograr su renuncia en un triple juego de pinzas y evitar que Lula se presente como candidato en 2018. Y si es posible, destruirlos a ambos. Claro que no se trata de una cuestión personal: el objetivo es destruir un proyecto popular y progresista —en el más amplio sentido de la palabra— y que fue (y todavía es) clave para el desarrollo de una corriente progresista en la región que impulsó transformaciones profundas en varios países. Lo que se busca es archivar por décadas lo que se define despectivamente como “populista”.

En este “juego de tres pinzas” están, por un lado, los partidos políticos opositores liderados por Aécio Neves, derrotado en la segunda vuelta de 2014, y que desde septiembre de 2015 en entrevistas y comunicados asegura que el gobierno de Rousseff “se acabó”, lo que reiteró esta semana. Y el histórico PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), todavía un aliado del gobierno. Todavía.

Por otro lado existe un sistema judicial que insiste en juzgarlos a Lula y Dilma en base a acusaciones de corrupción que ambos niegan a viva voz. La tercera pinza es la de los principales medios de comunicación, que no sólo informan y analizan la situación política sino que también convocan abiertamente a movilizarse en las calles contra el gobierno de Dilma. Además, difunden materiales de los juzgados que inducen a pensar que existe una trama corrupta y de encubrimiento entre ambos sin que existan pruebas concretas. No es casual que durante la jura de Lula muchos de los presentes corearan “el pueblo no es bobo, abajo la red O Globo”, en clara alusión al papel opositor del grupo mediático más poderoso del Brasil.

¿Qué les queda a Dilma y a Lula? Su base social, aunque desencantada. ¿Podrán apelar a ella? Es la pregunta del millón

El “juego de las tres pinzas” funcionó a la perfección el jueves 17 de marzo. El mismo día que debía asumir Lula como jefe de Gabinete, el influyente diario Folha de Sao Paulo sugestivamente titulaba “es el fin” a su columna editorial. En la última frase del editorial se podía leer: “Ya se decía que, con el nombramiento de Lula, el gobierno de Dilma Rousseff llegaba a su fin. Tal vez esa fase deba ser encarada a partir de los próximos días de forma más literal de lo que se pensaba”. Claro como el cristal. A los pocos minutos de asumir Lula como jefe de gabinete, un juez suspendió su designación en una medida sin precedentes y poco después la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión especial de impeachment (juicio político) para destituir a la presidenta. Las tres pinzas al mismo tiempo.

Dilma suma a Lula a su gobierno para fortalecerlo, reforzar el vínculo perdido con sus votantes y los sectores populares, y desarmar la trama política del pedido de juicio político iniciado por la oposición. La crisis política aceleró los tiempos de Lula que pensaba lanzarse como candidato a la presidencia en 2018. Pero el triple juego de pinzas está actuando con celeridad y coordinación. Parece que ahora es a todo o nada.

 

* Pedro Brieger es periodista y directo de la revista Nodal. Reproducimos este texto publicado originariamente en la web Nodal.am

Dos partidos derechistas tienen en sus manos el juicio político que puede apartar del poder a Dilma Rousseff

Durante esta Semana Santa, el Partido de los Trabajadores está dedicado a evitar que más partidos de la coalición de Gobierno se pasen a las filas opositoras y voten contra la presidenta en el proceso abierto contra ella en la Cámara de Diputados para destituirla

 

por EDUARDO DAVIS/ EFE/ Público/ Espanha


Brasil inició hoy el receso de Semana Santa en medio del intenso cabildeo en que se han sumergido tanto el Gobierno como la oposición ante el posible juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El proceso que puede desalojar a la mandataria del poder comenzó ya en la Cámara de Diputados, el primer paso un engorroso trámite que, como juicio político, dependerá de la correlación de fuerzas en el Parlamento y del correspondiente número de votos, sobre el cual el Gobierno y la oposición hacen y rehacen sus cuentas.

Si el pleno de los diputados se pronuncia en favor del proceso, el Senado decidirá si inicia el juicio político en sí mismo y, en ese caso, Rousseff debería separarse del poder durante los 180 días que la Constitución prevé para ese trámite.
La mayor preocupación del Gobierno en el paréntesis que abre hoy la Semana Santa radica en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), formación de centroderecha que representa la mayor fuerza política del país y que ha sido hasta ahora el principal pilar de la coalición que sostiene a Rousseff.

El PMDB, que encabeza el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión en caso de una destitución de Rousseff, alberga a sectores disidentes que exigen una ruptura con el Gobierno y que han forzado a que el partido se pronuncie al respecto.

La decisión de continuar junto al Gobierno o no se tomará en una reunión de la dirección nacional del PMDB prevista para el martes próximo, cuando para muchos comentaristas estará en juego la propia supervivencia política de Rousseff.

Con 69 de los 513 diputados, el PMDB es la primera minoría en la Cámara Baja y también lo es en el Senado, en el que ocupa 18 de los 81 escaños.

Gobierna además en siete de los 27 estados del país, pero su mayor base está en el plano municipal, en el que cuenta con 1.041 de las 5.570 alcaldías del país.

Muchos de los dirigentes del PMDB han dicho en los últimos días que no se puede arriesgar ese capital político en las elecciones municipales del próximo octubre, por apoyar a un Gobierno cuya tasa de aprobación se sitúa en torno al 10 %, según todos los sondeos.
Por esa misma tesis, el Gobierno ya ha sido abandonado en las últimas dos semanas por los partidos Republicano Brasileño (PRB) y Laborista Brasileño (PTB), que se fueron a la oposición con los 40 diputados que suman entre ambos.

En los próximos días, tanto el Gobierno como el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, han admitido que la tarea primordial será evitar que prosiga la desbandada y mantener unida a una base en la que las únicas fidelidades las ofrecen los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT).

El problema está en que el PT cuenta con 58 diputados, el PDT suma 20 y el PCdoB otros 11, mientras que el Gobierno necesita al menos 172 votos para impedir que la Cámara Baja decida avanzar en el proceso.

Otra formación que le quita el sueño al Gobierno es el Partido Progresista (PP), formación oficialista de derechas que tiene 49 diputados y, como el PMDB, alberga sectores que exigen romper con Rousseff y respaldar el empeño opositor por llevarla a un juicio político.

La articulación que pueda intentar el Gobierno, así como toda la crisis política brasileña, estará contaminada por el impacto de las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, que ya salpican a casi todos los partidos del país.

Este miércoles, la prensa local obtuvo una lista de presuntos favorecidos por la corrupción petrolera que incluía a por lo menos 200 políticos, tanto del oficialismo como del arco opositor, que habrían recibido dinero sucio para sus campañas electorales.

Aunque admitió su existencia, la Justicia no confirmó el contenido de esa lista, sobre la que ordenó secreto judicial, y aclaró que no todos los casos estarían vinculados a asuntos de corrupción, pues pudieran referirse a “donaciones legales”.

Não me venha falar na malícia de toda mulher

Ou enganam, ou são enganadas
Se mulheres são enganadas, é por políticas públicas como as propostas por Eduardo Cunha

Se mulheres são enganadas, é por políticas públicas como as propostas por Eduardo Cunha. “Sua corrupção no meu útero, não!”

Por Antonia Pellegrino

O deputado e atual presidente da câmara deve estar rindo das mulheres que foram às ruas contra sua PL 5069/13, mais conhecida como PL do Aborto.

Segundo Cunha, “a legalização do aborto vem sendo imposta a todo o mundo por organizações internacionais inspiradas por uma ideologia neomalthusiana de controle populacional, e financiadas por fundações norte-americanas ligadas a interesses supercapitalistas”.

Para o deputado, os frutos deste lobby começaram a brotar nos Estados Unidos, em 1969, sob a presidência de Nixon, alçando seu auge poucos anos depois, no relatório Kissinger.

A partir do relatório, que “propunha o controle demográfico mundial como matéria de segurança nacional dos Estados Unidos” (sic), forças de oposição à política americana começaram a emergir em todo o mundo, e também dentro da América.

Hora de o lobby mudar de estratégia, e foi o que aconteceu, segundo argumentação de Cunha, a partir de 1974, quando “a direção das organizações Rockefeller, em conjunto com sociólogos da Fundação Ford, formularam uma nova tática na estratégia para o controle da população mundial”.

“Os meios para a redução do crescimento populacional, entre os quais o aborto, passariam a ser apresentados na perspectiva da emancipação da mulher, e a ser exigidos não mais por especialistas em demografia, mas por movimentos feministas organizados em redes internacionais de ONG’s sob o rótulo de ‘direitos sexuais e reprodutivos’.”

“Neste sentido, as grandes fundações enganaram também as feministas, que se prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam realmente preocupadas com a condição da mulher.”

Estará o deputado Eduardo Cunha verdadeiramente preocupado com a condição da mulher?

Hoje, se uma mulher for estrupada e engravidar, é direito dela ir diretamente ao hospital e realizar o procedimento. Caso o projeto do deputado entre em vigor, a estuprada terá que comparecer a uma delegacia, registrar ocorrência e se submenter a um exame de corpo de delito para comprovar o abuso.

Em seu Facebook, Eduardo Cunha afirmou: “o projeto de lei vai contra a impunidade, incentivando as vítimas reais a registrarem Boletim de Ocorrência; ajudando a combater este crime hediondo”.

Vítimas reais, deputado?

O projeto de lei do deputado Eduardo Cunha parte do princípio de que haveria mulheres utilizando o SUS para fazer abortos ilegais. Seu alegado objetivo seria, portanto, em última instância coibir a mentira. Concedo que não é absurdo supor que mulheres estariam mentindo para ter o direito ao aborto legal pelo SUS. Mas cabe perguntar: por que elas fariam isso?

Talvez a resposta possa vir da boca de Sandra Maria dos Santos Queiroz, a mulher que deixou seu bebê aos pés de uma árvore, há poucas semanas, no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo. Quando perguntada por que “abandonou” seu filho, Sandra tapou o rosto e disse: “por desespero”.

Deputado, se as mulheres enganam, só o fazem porque são coagidas por um Estado que se diz laico, mas lhes retira o direito ao próprio corpo utilizando argumentos históricos para escamotear intenções nada laicas e nada preocupadas com a condição feminina.

E, se (algumas) mulheres são enganadas, é por políticas públicas como as propostas pelo senhor. Não passará. #AgoraÉQueSãoElas In Carta Capital

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