250 mil estudiantes secundarios repitieron de curso el año pasado. A otro número indeterminado les cancelaron sus matrículas. Todo por haber participado de las movilizaciones de 2011. Además de las expulsiones y repeticiones, han debido enfrentar la sistemática represión desde sus colegios y por parte de Carabineros. Agresiones físicas, hostigamiento y hasta abusos sexuales, constituyen un oscuro e ilegal escenario que hoy afrontan niños y jóvenes, junto a un silencio que se convierte en cómplice.
Por Daniela Escárate Ite
El lunes siete de mayo, mientras estudiantes secundarios de todo el país iniciaban su décima semana escolar, a cinco alumnas del Liceo Siete de Providencia se les impidió el ingreso. No estaban suspendidas, sino con su matrícula cancelada. Esto pese a que el viernes anterior, la Tercera Corte de Apelaciones de Santiago había acogido un recurso de protección en contra de la expulsión.
La corte, de forma unánime, consideró “arbitrarios e ilegales los actos negatorios de matricular a las niñas”. La dirección del liceo argumentó que esperaba la notificación, la evaluación en el municipio y una eventual apelación a la Corte Suprema.
Y todo por haber participado de las históricas movilizaciones estudiantiles de 2011. Pero esto es algo que los directores difícilmente reconocen, bajo la excusa de haber sido expulsados por estar doblemente condicionales. El fallo de la Tercera Sala tiene una explicación más que lógica para refutar esto. “Esta Corte considera que no es posible imputar una doble condicionalidad para cancelar una matrícula, siendo que la segunda condicionalidad se produce precisamente por el hecho de haber repetido de curso” se leía en el fallo.
LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE LOS REGLAMENTOS ESCOLARES
“Algunos pasarán de curso, otros pasarán a la historia” fue la consigna que finalmente se convirtió en profecía auto cumplida, para los 250 mil estudiantes secundarios que repitieron el 2011. La cifra representa un 7% de la matrícula a nivel nacional. Si bien en este porcentaje pueden incluirse casos no relacionados con la negativa a inscribirse en el plan “Salvemos el Año Escolar”, los escolares que repitieron cuarto medio crecieron 600% en comunas movilizadas.
Mientras, el número de estudiantes que presentaron problemas para reincorporarse a sus establecimientos es difícil de determinar. A comienzos de mayo, sólo en la comuna de Providencia se contabilizaban cerca de 70 estudiantes con su matrícula cancelada. A mediados de enero, Ciper consignaba 24 líderes estudiantiles con este problema entre Providencia y Ñuñoa.
No obstante, según cálculos del grupo “Defensa Secundarios”, en Santiago las cancelaciones de matrículas superarían ampliamente las 200. Según Javiera Campos y Felipe Arias, estudiante y egresado de Derecho de la Universidad de Chile e integrantes de la agrupación, cabría preguntarse por los casos que no llegaron hasta los tribunales. A esto además habría que sumarle a los alumnos de liceos de comunas de la periferia, quienes no contaron con apoyo jurídico ni tampoco atención mediática.
Sin embargo, los problemas no se acaban con la reincorporación a sus establecimientos. “La realidad es que los compañeros ni si quieran pueden reunirse durante el recreo, los hostigan y amenazan. (…) En algunos establecimientos los dirigentes de los Centros de Alumnos han sido designados”, denunció la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González.
“Defensa Secundarios” destaca que los reglamentos internos, por los cuales se rigen los establecimientos, no pueden contener artículos ilegales. “Y nos encontramos con muchos reglamentos y aún más con muchos directores de liceo, que están planteando que sus reglamentos o medidas son superiores a lo que indica la ley”, denuncia Javiera Campos.
“Hay una suerte de vacío legal, porque si bien el Ministerio de Educación tiene la facultad legal de revisarlos, en la realidad no lo hace”, agrega Felipe Arias. “El 50% de los reglamentos de la Región Metropolitana tienen artículos que van en contra del derecho internacional”, apunta por su parte Juan González, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech).
Hasta que no se apruebe el “Proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público”, ocupar un establecimiento educacional, ya sea público o privado, no es ilegal. Sin embargo, con la que es conocida como “Ley Hinzpeter”, se buscaría “poner en la categoría de delito lo que la misma corte ha asumido que son acciones políticas”, señala Javiera. Incluso la propia justicia ha comparado las tomas con las huelgas de trabajadores.
“ALGO HABRÁN HECHO”
En la marcha del pasado 25 de abril, los integrantes de “Defensa Secundarios” vieron cómo a una niña de 13 años “la tiraron al suelo, la ahorcaron, le hicieron llave, y la patearon en el suelo mientras estaba rodeada por un cordón de Carabineros aún mayor”, relata Javiera. También conocieron el caso de un secundario al cual se le acusaba de agresión contra los efectivos policiales. Curiosamente, el supuesto agresor terminó con tres costillas rotas en el control de detención.
Pero los abusos no se manifiestan sólo en golpes. Durante el año pasado incluso se llegaron a denunciar “tocaciones indebidas” por parte de una funcionaria de Carabineros. Esto durante la detención de un grupo de escolares debido a una manifestación en la Unicef, a fines de julio.
A pesar de todo esto, el problema no sólo recae en la brutalidad e impunidad de los casos, sino también en la misma naturalización de estos abusos. “Estamos volviendo casi a la dictadura a decir ‘es que algo habrá hecho’”, reflexiona Felipe, a partir de las situaciones en que son los mismos transeúntes o comerciantes, los que ayudan a detener a los jóvenes durante las marchas. “Pero entregar un estudiante secundario a la fuerza policial es entregarlo a que sea golpeado, abusado física y psicológicamente, a que sean abusadas las niñas”, advierte el egresado de Derecho.
Además de la brutalidad de abusos de este tipo, la represión se ha ido sofisticando más allá de las golpizas y lumazos, incluyendo silbatos que le indican qué es lo que deben hacer. Otro cambio observado es que ya no se detiene masivamente a los estudiantes como sucedía antes. No obstante esto, hay muchas agresiones que no se pueden constatar por lo mismo, puesto que no queda registro alguno.
Por otro lado, gran parte de la represión “cuenta con que el estudiante se va a quedar callado, que le va a dar lo mismo” reflexiona Felipe. Muchos estudiantes desisten de presentar querellas frente a los abusos, acostumbrados a la impunidad en que se desenvuelven las fuerzas policiales. Para Javiera “es necesario emprender este tipo de acciones, porque o sino lo único que hacemos es fomentar estas agresiones de Carabineros, por el olvido. Al menos hagámonos cargos y hagámoslas públicas”.
Ante la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos y del niño, “hay mucha gente interesada en apoyar esta pega. Pero esto se debe hacer en todo momento”, comenta Felipe apuntando a quienes no se involucran cuando presencian estos abusos, o que se limitan sólo a documentarlos.
Por ello “Defensa Secundarios” recalca la importancia de dejar constancia material, ir a los médicos a constatar lesiones (no sólo en el momento de la agresión, sino hasta cinco días después, cuando se suele hacer visible) y buscar apoyo en las organizaciones. “Llamamos a denunciar a hacerse cargo, a que toda la sociedad intervenga, a que no dejemos pasar los abusos”, resume la estudiante de Derecho.
EL DISCRETO ENCANTO DE LOS SECUNDARIOS
Juan González, de la Opech, considera que cada grupo, sea a nivel de dirigencias universitarias o del Colegio de Profesores, busca protagonismo dentro del movimiento, “pero si uno ve la represión, los protagonistas son otros y están bastante botados”. ¿Qué es lo que hace que menores de edad sean tan reprimidos y violentados? ¿Qué es lo que habrán hecho?
“Identificamos a los secundarios como el grupo que está más vulnerable respecto de las agresiones de Carabineros. Los universitarios cuentan con un apoyo mayor desde sus federaciones y desde sus propias organizaciones. Además sufren menos agresiones en la calle y en términos de expulsiones”, explica Javiera.
El investigador de la Opech también cree que el poder ve en ellos “la presencia de un sujeto que es el joven popular”. Su particularidad es que éste, al no tener un lugar en la sociedad, no lucha por éste “sino que está peleando por la verdadera transformación de la sociedad”, analiza González.
Desde “Defensa Secundarios” también coinciden con el análisis de Juan. Javiera cree que buena parte de “los universitarios lo que quieren son mejoras dentro de sus planteles y nada más”. En cambio, son los secundarios los que están pensando en un modelo distinto y por eso la represión contra ellos es mucho más fuerte”.
Algo habrán hecho. “No estamos sometidos a los miedos y a la lógica de los consensos, por eso tenemos la libertad para gritar, levantarnos y movilizarnos para pensar y crear, para soñar un futuro distinto”, se afirma en la “Propuesta para la educación que queremos” de la ACES. Una explicación, desde los propios estudiantes, sobre qué fue lo que hicieron.
O jornaleiro 