Argentina imita o Brasil e Honduras e cria o Partido Judicial

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Aterroriza o Brasil o Partido Judicial (PJ), que vem funcionando como sublegenda ou infiltrado do PSDB.

Um partido com duas alas: uma que defende um golpe suave, a tomada do poder já à moda de Honduras, e a outra que possui candidato lançado para as eleições de 2018.

É um partido conservador, direitista, entreguista e fora da lei, que fundou a República do Galeão do Paraná, que conspira um golpe a jato. Morou?

No STF, para beneficiar o tucanato, um ministro, em uma única semana, deu dois habeas corpus ao capo Daniel Dantas. Outro, julgou com estardalhaço, e apaixonadamente, o mensalão petista, enquanto engavetou o mensalão tucano de Minas Gerais.

O PJ possui os mesmos vícios dos partidos que favorecem a corrupção, inclusive por defender uma justiça PPV e corporativista, repleta de regalias, palácios, cortes e principescos salários. Inclusive o direito divino e absolutista de conceder ricas aposentadorias para bandidos togados.

“Son opositores y destituyentes”

por Nicolás Lantos

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CFK consideró que el 18F fue el “bautismo de fuego del Partido Judicial, que articula con los poderes económicos y mediáticos concentrados”, constituye un “superpoder por encima” de los surgidos del voto popular y es “opositor y destituyente de este gobierno”

”El verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F” fue “la aparición pública y ya inocultable del Partido Judicial” que “es opositor y destituyente del Gobierno” y busca constituirse en “un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”, aseguró ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una nueva carta publicada a través de las redes sociales. Allí también aseguró que la movilización fue “lisa y llanamente opositora” y apuntó nuevamente contra los medios de comunicación que modificaron sus estimaciones de asistencia de la manifestación para darle mayor relevancia política. Por último también criticó al fiscal federal Gerardo Pollicita por su negativa a explicar en el Congreso su decisión de impulsar una investigación a partir de la denuncia que realizó Nisman por presunto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.

Una marcha opositora

La marcha del miércoles pasado tuvo un “objetivo oculto e implícito”, aseguró Fernández de Kirchner: “El 18F no es el homenaje a un fiscal, ni siquiera un reclamo insólito de justicia, sino el bautismo de fuego del Partido Judicial” que “debe aparecer con ‘respaldo masivo’ (no popular, concepto impensable para los que concurrieron al evento) que avale y dé aires de legalidad a cualquier mamarracho judicial, independientemente de lo que digan las leyes, los códigos de fondo y de forma y hasta la mismísima Constitución”, dijo, haciendo referencia a la andanada de decisiones procesales contrarias al Gobierno y a figuras del oficialismo que se sucedieron desde el jueves.

El 18F, al que “asistió todo el arco de partidos opositores y sus candidatos presidenciales, salvo las agrupaciones de izquierda, no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos”, sostuvo la mandataria en otro pasaje del texto. A continuación, destacó la importancia de que “en la Argentina se puede disentir, se puede insultar al Gobierno y a la Presidenta y se puede marchar libremente”, lo que “no siempre fue así”. En ese sentido, trajo a colación “lo que les pasó a los que se les ocurrió disentir el 19 y 20 de diciembre del 2001, en la Plaza de Mayo”, en una movilización que acabó con “represión, más de 30 muertos, disparos sobre la multitud y estado de sitio”, sin que “a más de 13 años” haya “detenidos ni condenas por esos hechos” ejecutados durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

CFK señaló que el miércoles pasado, por el contrario, “se pudo ver en vivo y en directo a dirigentes políticos riéndose a carcajadas y también a manifestantes llevando carteles con leyendas ofensivas e insultantes contra el Gobierno. Tampoco fue una marcha del ‘silencio’, porque el mismo fue sonoramente roto por un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al Gobierno –agregó–. En definitiva: tanto en lo gestual como en las palabras y en lo ostensiblemente visible, el 18F fue decididamente una marcha opositora, convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor”.

Y remarcó que para cumplir ese objetivo de dotar de legitimidad al sector del Poder Judicial que pretende restringir mediante decisiones procesales la potestad de legislar y de gobernar del Ejecutivo y el Legislativo, era necesario mostrar un “respaldo masivo” a la convocatoria de los fiscales: eso se vio reflejado en las coberturas de los medios de comunicación opositores, que inflaron las estimaciones de asistencia hacia arriba (ver aparte): “La última marcha de protesta contra el Gobierno siempre va a ser la más numerosa. El problema es que ya van por 400.000, así que me juego que la próxima es un millón”, se permitió una ironía la jefa de Estado.

El nuevo ariete

El Partido Judicial cumple la función de un “nuevo ariete contra los gobiernos populares, que suplanta al partido militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de gobiernos con legalidad y legitimidad democrática”, continuó la Presidenta. “Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución” sino que, en una “modalidad más sofisticada” los jueces “articulan con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo” hasta constituirse en lo que llamó “un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”.

Este espacio está “integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos” entre los que hay “defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura, otros ex funcionarios políticos de la década del noventa y casi todos de aceitada articulación con las conducciones subterráneas desplazadas de los organismos de Inteligencia”, agregó CFK. Lo que hacen es funcionar “como armadero de causas”, al mismo tiempo que “cajonean otras”, explicó, poniendo una larga serie de ejemplos de ese modus operandi, en el que lo político prima sobre lo jurídico.

“Es el que llama a indagatoria al ministro de Justicia media hora antes de que la Cámara de Diputados comience el tratamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal”; pide “indagatoria a la procuradora del Tesoro cuatro días después de que se presenta en el expediente donde se tramita la descabellada denuncia del fiscal Nisman, con un escrito de 60 páginas y prueba documental que da por tierra” con esa denuncia; “cajonea causas de lesa humanidad como la de Papel Prensa, con increíble cantidad de prueba documental y testimonial” contra los dueños de Clarín y La Nación. “¿Será cierto que el juez de la causa, Dr. Ercolini, asistió a la marcha, tal como informan algunos diarios? Pienso que no. Ya sería demasiado”, agregó.

También denunció que “el Partido Judicial no toma ninguna determinación y ‘duerme’ la causa sobre lavado de dinero denunciada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan en la Argentina”, que también alcanza al Grupo Clarín; “que aún no permite que se aplique la ley de medios, declarada constitucional por la Corte Suprema, a través de una sucesión infinita de medidas cautelares”; que “ha generado el ‘derecho cautelar delivery’ o el ‘forum shopping’; que “pide la indagatoria del fiscal Dr. Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por contrabando de tres toneladas de cocaína”.

Por último, criticó la denuncia sobre la firma Hotesur, vinculada con la familia Kirchner, investigada por el juez Claudio Bonadio (al que no mencionó directamente), que es accionista de empresas que “tienen las mismas faltas administrativas que las acusadas”; el acoso “en forma nunca vista” sobre el Ministerio Público Fiscal; y la decisión que “por primera vez en la historia” declaró inconstitucional “un tratado internacional firmado por el gobierno nacional y ratificado por el Parlamento, en ejercicio de facultades constitucionales que son exclusivas y excluyentes de ambos Poderes”.

Ese Partido Judicial, agregó la mandataria, que “no va a elecciones”, cuyos miembros “no pagan impuestos” y “tienen sus funciones y prerrogativas de por vida (y “en algún caso están por cumplir un siglo”, agregó, refiriéndose al juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt) es el que está detrás de la “inédita convocatoria” del 18F, “algo realmente tan insólito como sería una convocatoria de ministros del Poder Ejecutivo reclamando una mejor ‘gestión de gobierno’”. Además, agregó, dos de los organizadores de la marcha “fueron acusados por familiares de las víctimas de obstaculizar la causa AMIA y la tarea del propio Nisman”, mientras que otros dos fueron denunciados por un medio español en torno de “su vinculación con barras bravas y ‘sus negocios’” en Boca Juniors, club “que en los hechos comanda” el candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri. Los primeros aludidos son los fiscales Germán Moldes y Raúl Pleé, a quien corresponde junto a su colega Carlos Stornelli la segunda de las referencias.

“No cualquier gobierno”

Por último, la Presidenta hizo énfasis en la decisión del fiscal Pollicita de negarse a concurrir al Congreso a explicar la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA contra ella y el canciller Héctor Timerman. “En efecto, los titulares de las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Asuntos Constitucionales habían invitado al fiscal en virtud de que el nudo central de la denuncia es el Memorándum de Cooperación Judicial entre Argentina y la República Islámica de Irán con motivo del atentado de la AMIA, firmado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, por tratarse de un Acto Federal Complejo, que requiere para su perfeccionamiento la intervención de los dos Poderes”, recordó.

Para CFK, “resultan realmente sorprendentes, y una muestra más de cómo funciona el Partido Judicial, los motivos que alega el fiscal Pollicita para no concurrir al Congreso de la Nación a explicar una denuncia tan importante”, ya que “sostiene la necesidad del ‘secreto de sumario’” debido a que la investigación que lleva a cabo podría frustrarse en caso de que algunos detalles tomaran estado público. “¿Dónde estaba el fiscal Pollicita cuando el fiscal Nisman hizo un verdadero raid periodístico por TV, radio y diarios, dando pelos y señales de su denuncia? ¿O cuando decidió ir al Congreso invitado por la oposición? ¿Qué pasa con los fiscales del Partido Judicial? ¿Cuando los invita la oposición aceptan y cuando los invita el oficialismo lo rechazan?”, señaló.

Por eso, concluyó Fernández de Kirchner, “el Partido Judicial, además de ser partido, es opositor y destituyente del Gobierno”, pero “no de cualquier gobierno” sino del que ella encabeza, y enumeró los motivos por los que un sector de ese poder se opone a su gestión: es “el Gobierno de la Memoria, la Verdad y la Justicia” y el “de la derogación de la leyes de impunidad”; es “el gobierno que abrió todos los archivos y relevó a todos los agentes de Inteligencia para que hablaran sobre el caso AMIA” y “el único gobierno argentino que le reclamó en la ONU cooperación judicial a la República Islámica de Irán para el esclarecimiento de la causa”; además es “el gobierno que más recursos dio, económicos y humanos, a quienes investigan el atentado terrorista de la AMIA ocurrido hace 21 años, sin que haya un solo detenido, ni un solo condenado”.

Pero además de esas cuestiones, la Presidenta aseguró que la resistencia de los sectores de poder concentrado se deben a “la AUH”; la recuperación de “los recursos de los trabajadores de las AFJP”; “la mayor inclusión en materia previsional” y “la movilidad jubilatoria”; “los planes Pro.Cre.Ar, Progresar, Conectar Igualdad”; “la mayor inversión de los últimos 50 años en materia ferroviaria”. Tampoco le perdonan, aseguró, ser “el gobierno que desendeudó al país”, que “les pagó al FMI, al Club de París y se niega a pagar a los fondos buitre tasas usurarias”; ni ser “el gobierno que creó más de 5 millones de puestos de trabajo”, “reinstaló los convenios colectivos” y “volvió a hacer funcionar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Además, continuó, este gobierno llevó a cabo todos esos logros al mismo tiempo que lograba la reindustrialización del país con “los salarios más altos de América latina, nominalmente y en paridad de poder adquisitivo”; construyendo “las obras de infraestructura más importantes de los últimos 50 años”, entre las que están Yacyretá y Atucha II, eternamente postergadas. También destacó la construcción y el lanzamiento al espacio del primer satélite argentino; la renovación del Plan Estratégico Nuclear “con inversiones superiores a los 11.000 millones de dólares”; la repatriación de “más de 1000 científicos” con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología; la apertura de “nueve universidades nacionales nuevas” en paralelo al “sistema nacional de becas con mayor inclusión de toda la historia”.

Finalmente, destacó la ampliación de derechos “con el matrimonio igualitario, con la igualdad e identidad de género”; el restablecimiento del Estatuto del Peón Rural y la inclusión del personal de casas de familia con todos sus derechos laborales y de seguridad social; la integración regional a partir del “NO al ALCA y SI a Mercosur, Unasur y la Celac”. Y por último destacó un dato que, a diferencia de los anteriores, no suele repetirse en sus discursos: “Aunque no lo creas –concluye la carta–, el gobierno que mayor presupuesto le ha dado al Poder Judicial”.

União de Nações Sul-Americanas
Bandeira da UNASUL

Bandeira da UNASUL

A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) – em espanhol Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) – é uma organização intergovernamental composta pelos doze estados da América do Sul, com uma população total de 396 391 032 habitantes, em 1 de julho de 2010.

Foi fundada dentro dos ideais de integração sul-americana multissetorial, conjugando as duas uniões aduaneiras regionais: o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Comunidade Andina de Nações (CAN).

O Tratado Constitutivo da Unasul foi assinado em 23 de maio de 2008, na Terceira Cúpula de Chefes de Estado, realizada em Brasília, Brasil. O Tratado Constitutivo previa a instalação da sede da União em Quito, Equador. O Parlamento sul-americano será localizado em Cochabamba, na Bolívia, enquanto a sede do seu banco, o Banco do Sul, será localizada em Caracas, Venezuela. Conheça mais

“Sólo recientemente se extendió con tanta intensidad el discurso de los derechos sexuales como parte fundamental del discurso de los derechos humanos”

Jane Bennett, además de ser escritora de ficción y no ficción, supervisa el organismo nacional que en Sudáfrica previene la violencia de género y trabajó a lo largo de todo ese continente dando workshops relacionados con derechos humanos y sexuales, discursos sobre género, raza y clase

Jane Bennett, además de ser escritora de ficción y no ficción, supervisa el organismo nacional que en Sudáfrica previene la violencia de género y trabajó a lo largo de todo ese continente dando workshops relacionados con derechos humanos y sexuales, discursos sobre género, raza y clase

Espejitos de colores

El respeto por los derechos de la diversidad sexual goza de amplio consenso en un mundo que se ve a sí mismo como civilizado, moderno y humanitario. Pero, ¿hasta qué punto algunos Estados, empresas y corporaciones agitan estas banderas para encubrir una política de exclusión y de violación de estos y otros derechos humanos?

 

Por Dolores Curia

Hasta qué punto se pueden negociar los límites de lo normal y cómo evitar que en esa negociación donde van entrando diferentes letras del alfabeto no vaya quedando siempre un grupo de indeseables afuera. Hasta qué punto la bandera de los derechos sexuales está sirviendo como pantalla de otros abusos: el uso extorsivo e hipócrita que las corporaciones y algunas potencias hacen de la causa lgbtqi fue uno de los puntos que más sonaron en la IX Conferencia de la Asociación Internacional para el Estudio de la Sexualidad, Sociedad y Cultura la semana pasada en Buenos Aires, a la que asistieron investigadores y activistas de Latinoamérica, Africa y Asia. Jane Bennett, directora del Instituto de Género de Africa, de la Universidad de Ciudad del Cabo, profundizó en un concepto al que denomina “pink washing”, que “fue elaborado por las feministas radicales, quienes criticaban el uso corporativo de, sobre todo, las campañas contra el cáncer de mama donde las empresas hacen campañas con cintitas rosas, mientras los productos que venden, por ejemplo cosméticos, aumentan la toxicidad, y así las posibilidades de contraer todo tipo de cáncer.

Ese es su origen pero ¿en qué sentido se puede hablar de pink washing relacionado con lo lgbtiq?

–El uso más popular y actual que se le puede dar al término es para describir la posición de gobiernos represores que se alimentan de una fachada gayfriendly, que a veces tiene un anclaje real y otras veces no. ¿Cómo usan esa fachada rosa? Israel es el mejor ejemplo por el énfasis que le pone a mostrarse abierto, democrático y tolerante con la comunidad lgbtiq. Se encarga de dejar muy claro en todo tipo de evento internacional lo bien que recibe a los gays en su territorio y cómo alienta el turismo gay, cuando todos conocemos cómo Israel viola los derechos humanos de los palestinos. A este particular uso de la pantalla lgbtiq que hacen tanto Israel como Estados Unidos es a lo que llamo pink washing.

¿Obama sería otro agente de este lavado de derechos?

–Pensemos que fue durante su mandato, hace unos meses, que DOMA, la principal traba contra el matrimonio igualitario, pudo derogarse por vía legislativa. Ahora que en más estados (todavía pocos) está permitido el matrimonio igualitario, hay un consenso de que en la era de Obama hay más apertura, tolerancia y democracia como para hablar de la cuestión gay. Pero al mismo tiempo sabemos que el imperialismo norteamericano sigue siendo igual de salvaje y asesino. Entonces, justamente, el pink washing consiste en esta sensación de tierra amigable sustentada en su alta aceptación hacia gays y lesbianas. Lo curioso es que eso es una gran mentira: Estados Unidos no está aceptando a la población lgbtqi, hay algunos pocos espacios en los que las personas queer podemos vivir más tranquilas, pero – atención – siempre y cuando no seamos pobres, negras, discapacitados o inmigrantes ilegales. El lugar donde existe la más radical y conservadora homofobia del planeta muy probablemente sea Estados Unidos. Da la sensación de lo contrario, y ahí puede verse la efectividad del discurso político de pintar todo de rosa.

¿Qué tan nuevo es el pink washing?

–Es nuevo en cuanto a su extensión. Sólo recientemente se extendió con tanta intensidad el discurso de los derechos sexuales como parte fundamental del discurso de los derechos humanos. No hace tanto que es frecuente escuchar la referencia a gays y lesbianas como parte del proceso democrático. Hay una realidad que es que las personas blancas y ricas siempre han podido vivir como quisieran. Esas mismas personas que puertas adentro hacían o hacen lo que quieren han tenido siempre una cara pública muy homofóbica. Ese sería un pink washing histórico.

Cuando Occidente se mete a liberar a los oprimidos del resto del mundo ya sea con bombas o con advertencias también merece una sospecha de lavado.

Hay un caso paradigmático que es el de dos hombres jóvenes en Malawi, Steven Monjeza y Tiwonge Chimbalanga, que fueron arrestados en una fiesta en la que anunciaron su compromiso (aclaremos que las identidades de ambos se construyeron como masculinas por la prensa, aunque uno de ellos es trans) y fueron condenados a 14 años de trabajos forzados. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, hizo mucha presión para liberarlos y lo logró. Pero unos meses después Malawi aprobó un paquete de leyes antilesbianas muy duro y nadie dijo nada. La puja que se produce es que si sos un activista gay en Uganda serás tildado de occidentalista, de hacer lobby, de que sólo te importa el dinero, de que tu dinero viene de donantes extranjeros. Ser gay o lesbiana, ni hablar trans, es una situación muy peligrosa en Africa, y esta falsa pantalla de Occidente a favor nuestro termina volviéndola más peligrosa aún. Esta intención de Occidente, incluidas las organizaciones internacionales, de sentirse y verse como héroes actuando en todo el mundo no Occidental, interviniendo por nuestros derechos, complica aún más las cosas. Y si bien es deseable que todos luchemos contra la homofobia, si esa lucha no entiende las particularidades de cada contexto, termina mandando a la muerte a los mismos activistas porque los vuelve visibles en un sentido muy negativo. ¿Otro ejemplo? Hace poco meses, en un evento diplomático Obama se encontró con Macky Sall, presidente de Senegal, y le dijo algo así como que ya era hora de que Senegal le concediera más derechos a la comunidad lgbt, a lo que Macky contestó: “Vamos por partes, todavía no estamos listos, pero por lo menos en Senegal no existe más la silla eléctrica”. Se puede decir que le cerró la boca. Y sin embargo los diarios del mundo titularon “Obama pide por los derechos gay y Macky dice NO”.

Mencionaste en tu ponencia un costado poco deseable de la lucha por los derechos civiles lbgtqi, ¿a qué te referís?

–A que para conseguir avances no logramos despegarnos de la idea de ciudadanía. La ciudadanía en sí misma es muy tramposa, es un concepto peligroso. Siempre implica la idea de excluir a alguien. Para que haya algo así como una nación y sus ciudadanos siempre tiene que haber bordes y, por lo tanto, gente que se quede fuera de esos bordes. ¿Por qué peleamos cuando peleamos por la ciudadanía? Para quedarnos o meternos adentro de esos bordes. Los gays en el ejército son uno de los ejemplos más claros de hasta qué punto pueden estirarse los límites de la normalidad y hasta dónde estamos dispuestos a negociar para meternos dentro de ella. Ok, entiendo que a veces no queda otra que pelear dentro de esos bordes, por ejemplo, en la importantísima pelea por el aborto legal. Pero suena – la mayoría de las veces – como una batalla ganada a muy corto plazo. El fin más deseable por el cual luchar me imagino que debería ser la paz. No una paz de silencio sino una paz activa. Y lo digo en un momento en el que la paz parece ser lo que menos le importa a todo el mundo. Entiendo a quienes luchan por la ciudadanía, pero sé que estamos habilitando a que en cualquier momento venga alguien y diga “vos no sos un ciudadano”. Ese peligro potencial siempre esta ahí.

¿Dónde creés que todavía puede encontrarse el aspecto provocativo de lo queer?

–Cada vez está más escondido. Los verdaderos queers hoy están peleando por la justicia económica. No son más queers trabajando por lo queer, sino dando una pelea por lo económico, repesando la clase social, peleando por nuevos modos de pensar la política, rechazado las categorías. No están trabajando por problemas sino por intereses y en grupos con una organización que ya no tiene más nada que ver con la idea de líder. En Sudáfrica está pasando y creo que en muchos otros lugares del mundo también. La tecnología se vuelve muy importante en este sentido. Creo que se trata de gente que no se siente parte de los movimientos políticos tradicionales. Lo queer muchas veces engaña. La gente más queer que conozco es muchas veces la que exteriormente parecería encajar con lo más estereotipado de la normatividad. Y esa gente suele ser la que luego tiene las ideas más sorprendentes. Ser queer hoy para mí significa prestar mucha atención y estar muy alerta a las soluciones fáciles. Aunque puede ser muy cansador. Por eso recomiendo cada tanto descansar y ser un poco straight (risas).

Dentro de la pelea por los derechos civiles, ¿qué opinás del matrimonio igualitario?

–El matrimonio es algo que me da miedo. Y no es que no quiera que las personas sean felices. Obvio que las personas merecen tener los compromisos que quieran, pero el matrimonio es algo realmente peligroso y ha sido algo peligroso desde hace siglos. No creo que podamos ser hábiles para transformar esa institución macabra con el hecho de ir todos corriendo a casarnos. Me parece muy ingenuo pensar eso. Para mí sigue impregnado de todo su sentido religioso. Entiendo que la gente lo haga desde el punto de vista económico y legal. Pero no les creo nada a los que vienen y me dicen que es algo especial, un ritual para el amor. Entiendo los argumentos de quienes luchan por él: que fortalece la dignidad de los hijos de las familias gay, que estabiliza la igualdad formal. Pero no puedo dejar de oír las voces cínicas que lo muestran como otra baratija más del capitalismo globalizado y como otra forma más de inyectar dólares rosas al mercado. Al mismo tiempo no puedo dejar de escuchar las voces radicales –con las que me eduqué– que no ven en él la liberación de nada sino sólo un arreglo económico tan opresivo y patriarcal como todos los demás. La frase del Butler de “el deseo por el deseo estatal” me parece apropiada.

¿Cómo se explica la necesidad del colectivo de seguir acercándose a la ciudadanía y al matrimonio?

–Porque es accesible. Es fácil de explicar y de entender. Si uno argumenta “Yo tengo un derecho. Ella no lo tiene. ¿No deberíamos tener los mismos derechos?”. Tiene lógica, es una discusión bastante fácil de ganar. Este tipo de reclamos tiene una historia muy respetable en el activismo. La gente está cómoda con el discurso de luchar por los derechos y hay cierta familiaridad con esas ideas. En Sudáfrica durante muchos años hubo una gran lucha por los derechos trans para cambiar los documentos. Pero los abogados y la sociedad en general sólo podía entenderlos en términos de “reparación”. Hubo un gran debate y finalmente se aprobó que podés cambiar tu DNI pero debía haber una cirugía de por medio. Pero si simplemente querías cambiar tu nombre, no podías. Hay cosas que sólo se entienden si nos ponemos en el lugar de la víctima. En este caso, una persona que nació hombre, se siente mujer, entonces sufre y por eso necesita arreglo. Entonces, ahí se merece un derecho. En las narraciones liberales el matrimonio representa un inicio. Foucault ya señalaba toda la incomodidad que implica esta conversación entre deseo e institución. Habría que preguntar quiénes son los que están accediendo y si no es una forma de normalización, un pedido para que nosotros también seamos reconocidos como “decentes”, monogámicos, estables. La pregunta es cuándo el acceso a derechos ciudadanos se transforma en una hegemonía y cierta prueba de fidelidad a instituciones carnívoras, ¿qué pasará si todos terminamos entrando dentro del paquete normalizador?

¿El amor no tendría nada que ver con esto?

–Mi más sincera respuesta es que no lo sé. Yo no estoy planteando que el matrimonio igualitario y toda la serie de avances relacionados con él sean revolucionarios, tampoco estoy diciendo que no lo sean. Estoy planteando una encrucijada epistemológica, abriendo la discusión. Al fin y al cabo, también es una incógnita para mí, en mi vida personal. Los casamientos son muy divertidos. He ido a decenas de casamientos de lesbianas. Todos bailan, todos son felices y se toman hasta el agua de los floreros. Muchas veces me pregunto qué diría yo si mi novia me propone casamiento. Ay, Dios. No lo sé y me avergüenza un poco. Lo planteo sobre todo como un problema porque, ¡vamos!, tengo 55 años: ¡a esta altura ya debería tener claro qué es lo que pienso del matrimonio!

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“Los que dicen que se politiza la Justicia son los que usan la Justicia para hacer política”

Por Victoria Ginzberg

Imagen: Rafael Yohai

Imagen: Rafael Yohai

Félix Crous es el titular de una de las nuevas unidades fiscales creadas por la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar). Antes, Esteban Righi lo puso al frente de una Unidad de Asistencia para las causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Y antes todavía, fue fiscal ad hoc para el juicio por la Verdad que llevaba adelante la Cámara Federal de La Plata. Hoy, además, es uno de los referentes de Justicia Legítima, el espacio que busca modificar los aspectos más corporativos y conservadores en el interior del Poder Judicial. Crous cree que la denuncia judicial del senador radical Mario Cimadevilla, que cuestionó las designaciones de fiscales subrogantes y ad hoc y la creación de las procuradurías, está relacionada con el intento de frenar los juicios contra los represores de la última dictadura. “No me olvido que en este momento (el empresario Carlos Pedro) Blaquier, una de las personas más poderosas de este país, está sometido a un encausamiento por un proceso que logró destrabar un fiscal ad hoc de Jujuy”, advierte. Señala también que “los que dicen que se politiza la Justicia son los que usan la Justicia para hacer política. A la Justicia ya la politizaron ellos, al usarla como lugar donde dirimen todas las cuestiones que en las porfías políticas pierden”.

Luego de asumir como procuradora, Gils Carbó creó algunas nuevas fiscalías especiales para potenciar las áreas que consideraba necesario privilegiar. A las unidades creadas por Righi para ayudar y coordinar los juicios vinculados a los delitos de lesa humanidad le agregó un área específica para la búsqueda de niños apropiados durante la última dictadura. Y estableció, entre otras dependencias, la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría sobre Violencia Institucional (Procuvin), la Procuraduría sobre Trata de Personas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Algunas de estas decisiones y designaciones de fiscales subrogantes o ad hoc fueron las que cuestionó Cimadevilla. En especial, apuntó contra Carlos Gonella, a cargo de la Procelac, que intervino en el expediente en el que luego quedó imputado el empresario Lázaro Báez. El juez federal Sebastián Casanello desestimó la denuncia al considerar que Gils Carbó actuó dentro de lo establecido en la ley del Ministerio Público y que el mecanismo de designar subrogantes y fiscales ad hoc fue usado por los antecesores de la procuradora en el cargo. El fiscal Guillermo Marijuán, que había impulsado la investigación, se opuso a que el caso se cerrara y apeló la decisión del magistrado. “Esto puede obedecer a distintas razones, más chiquitas o más complejas, pero todas miserables”, critica Crous.

–¿Cómo evalúa la denuncia sobre los nombramientos en las nuevas procuradurías y los fiscales subrogantes o ad hoc?

–Uno no puede creer que alguien seriamente haya creído que los nombramientos cuestionados eran irregulares. Lo de (el senador Mario) Cimadevilla es otro asunto, él puede creerlo o no, pero es más fácil entender la postura política de parte de un senador. Ahora, lo del fiscal que impulsa la acción es difícil de explicar, porque además él estuvo al frente de una unidad fiscal, la Unidad de Anses. Muchos de los fiscales que cuestionaron estos nombramientos han tenido fiscales ad hoc que los representaban en audiencias. Es un asunto consentido por la Cámara de Casación, ante quien yo, como fiscal de derechos humanos, titular de una Unidad, actué solo y tuve expresamente la potestad de actuar con la aquiescencia expresa del fiscal ante la Cámara de Casación.

–¿Eso fue antes de la gestión de Gils Carbó?

–Fue una de mis últimas intervenciones importantes en la Unidad de Derechos Humanos. Fue sobre un recurso de prisiones domiciliarias no revocadas de los represores Hipólito Mariani y César Miguel Comes. No sé si estaba o no Gils Carbó, pero no existía este despelote. Lo menciono por poner un ejemplo de que esto era conocido y admitido por las máximas jerarquías del Poder Judicial. Viene instrumentándose desde hace 15 años, tanto en las fiscalías como en la Defensoría. Fue cuestionado en unas pocas oportunidades sin suerte por los abogados de los represores.

–¿Estos planteos fueron resueltos en expedientes concretos?

–Por lo menos tres veces que recuerde. Una en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de menores, otra la planteó el represor Eduardo Ruffo y otra contra mí. Y en otras oportunidades en otras jurisdicciones del país. Contra mí lo plantearon cuando estaba en La Plata en 2002.

–¿Por haberlo nombrado ad hoc para los juicios por la verdad?

–Sí. Ese tema está recontrarresuelto. En ese momento, fue plantado por un fiscal de La Plata, no por un defensor. Ahora, hay un trasfondo en esto que para mí es central. Esto puede obedecer a distintas razones, más chiquitas o más complejas, pero todas miserables. Sin duda, es una movida vinculada y promovida a favor de la chance de bajar los juicios de lesa humanidad. No me olvido que en este momento (el empresario Carlos Pedro) Blaquier, una de las personas más poderosas de este país, está sometido a un encausamiento por un proceso que logró destrabar un fiscal ad hoc de Jujuy, que es Pablo Pelazzo, en una jurisdicción donde toda la Justicia fue su defensora y donde el Ministerio Público tuvo que ponerse como vanguardia para hacer lo que el Poder Judicial no hizo, hablo del juez Olivera Pastor, de la Cámara Federal de Salta… Esto tiene un sentido político nefasto y de mayor alcance. Los medios involucrados, los grupos económicos involucrados en la difusión mediática de esta postura también lo hacen en defensa propia. Lo que me pregunto es por qué lo hacen los fiscales.

–¿Puede haber una cuestión de celos, entre fiscales que a lo mejor no se sintieron considerados por la procuradora?

–Debe haber un poco de cada cosa. Yo conozco a los fiscales e idiotas útiles no hay ninguno. Utiles puede ser, idiotas no.

–¿Pero hay resistencias internas entre los fiscales a algunas políticas de Gils Carbó?

–Absolutamente. De algunos pocos fiscales. Es lo que está sucediendo. La mayoría ya trabaja coordinadamente y con entusiasmo con las procuradurías, al menos con la que yo conduzco, que fueron creadas para que todos trabajemos mejor.

–¿Resistencia a qué concretamente?

–Al cambio. Cuando digo al cambio, lo digo por lo siguiente: se viene sosteniendo desde hace veinte años que el Ministerio Público debe sufrir modificaciones importantes. Pasar a un sistema acusatorio, modernizar la estructura interna, una organización en la que los fiscales trabajen en equipo, se especialicen, sean más eficaces. Esto implica también terminar con las quintitas, los pequeños ducados y condados de la feudalización del Ministerio Público, donde cada uno en su islita tiene su poder propio, su negociación propia, arma sus alianzas, sus viajes y también así sus enlaces de intereses. El proyecto de un Ministerio Público que logre lo que tan fácilmente se declama, que es la coherencia interna y la unidad de actuación, ese ministerio público no tiene nada que ver con fiscales que actúan como jueces, como células aisladas incoordinadas. Hay un fenómeno paradojal. Se habla del poder que tiene el jefe o jefa de los fiscales, que es el procurador, ahora, cuando el procurador efectivamente funciona como cabeza del Ministerio Público, como jefe de los fiscales y pretende dar un diseño institucional, crear una política criminal, generar las instrucciones para que esa política criminal se cumpla, supervisar la actuación, auditar, es tiránico y autoritario. ¿Es el jefe o no es el jefe de los fiscales? ¿Es peligroso o es inocuo? La cuestión es evidente: se generan resistencias por las cosas que se hacen bien.

–A Abel Córdoba, otro de los fiscales nombrados en una procuraduría especial, le prohibieron entrar a una cárcel de Córdoba y lo denunciaron…

–Abel Córdoba hizo en quince días por la dignidad de las personas privadas de la libertad más que todo el Ministerio Público en cien años. Literalmente, con sus visitas a Mendoza, al Chaco y a Córdoba. Sumo al fiscal Adrián García Lois, que ganó un hábeas corpus que había interpuesto juntamente con un defensor en Neuquén. El artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público manda velar por la salud y la dignidad de las personas privadas de su libertad. Lo denuncia la ministra de una provincia que hace poco fue denunciada por tener un manicomio en condiciones de centro clandestino. Fue un funcionario federal a una cárcel provincial –tiene presos federales– a verificar una cuestión para la que tiene potestades por una ley federal, por la resolución que crea la Procuvin y también porque los hechos de violaciones a los derechos humanos generan responsabilidad para la Nación aunque el hecho generador lo provoque la provincia. Es una visita sorpresiva. Decenas de presos le cuentan que son torturados con cadenas, atados y drogados. Encuentra las cadenas, se lleva los elementos de tortura que estaban ocultos y la ministra de Justicia denuncia al funcionario federal. ¿Qué reclama? ¿Reclama las facultades indelegables de torturar presos en las provincias? Esta situación es demencial.

–Parece haber una tendencia creciente a judicializar decisiones políticas. Por ejemplo, se presentó una denuncia contra el presidente de la Corte por enviar al Congreso una carta con un párrafo menos. Una carta que le entregaron otros jueces y que al parecer incluso él mismo había escrito…

–La primera reflexión es que los que dicen que se politiza la Justicia son los que usan la Justicia para hacer política. A la Justicia ya la politizaron ellos, al usarla como lugar donde dirimen todas las cuestiones que en las porfías políticas pierden. También muestra lo barato que es litigar para quienes no lo necesitan y lo caro que es para los que sí lo necesitan. Es una falta de respeto al uso racional de un servicio público.

–Ahora se van a presentar amparos contra las leyes de reforma judicial…

–Ningún juez que forme parte de la Asociación de Magistrados puede resolver un amparo contra la modificación del Consejo de la Magistratura porque la Asociación ya se pronunció en contra.

–¿Y qué pasa con los magistrados que forman parte de Justicia Legítima?, ¿también prejuzgaron?

–Lo que sucede es que las leyes se presuponen legítimas. Lo excepcional es su declaración de inconstitucionalidad. Cuando alguien sostiene, en esta disputa sobre los modelos de Justicia, que una ley sancionada por el Congreso le agrada, no hace más que acompañar la presunción de legitimidad que la ley tiene. En todo caso, los que claramente no se han pronunciado son los conjueces nombrados por la ley de subrogancias.

–Justicia Legítima se pronunció en contra de que la Corte mantenga el control de los fondos. ¿No acuerdan con el planteo de que la administración del Consejo provocaría una parálisis en la Justicia?

–La Corte tarda años en resolver los casos judiciales. Por ejemplo, según se publicó el viernes, en una cuestión de competencia tardó tres años. Tarda tiempos absurdos en resolver asuntos, ¿Por qué vamos a pensar que va a ser eficiente como gestionador de las funciones administrativas? A menos que lo haga a costa de su tarea específica… Además, el artículo 114 lo dice claramente. Fíjense el nivel de hipocresía de los muchachos defensores de la república no democrática. Dicen que el 114 hay que interpretarlo literalmente cuando dice cómo se eligen los jueces, pero parece que vale menos cuando dice que el Consejo de la Magistratura es el órgano de administración y gobierno del Poder Judicial, ahí no está en juego la república, pero con lo otro sí. Es el mismo artículo, son dos renglones de diferencia.

–En términos generales, la reforma como se fue aprobando, ¿es buena, regular o mala?

–Para mí es muy buena y tiene algunos asuntos formidables, algunos menos vistos que son muy importantes, como la interdisciplinariedad en el proceso de elección de los magistrados. Eso tiene a largo plazo una potencia transformadora impresionante, porque incidirá sobre las condiciones subjetivas del juez y el consejero profesional no abogado tendrá capacidad, como en todo colegiado, de incidir en los otros electores. La elección popular es por definición descorporativizadora. Hay un profundo desprecio por parte del conservadurismo judicial por sus conciudadanos. Del acceso a los trabajadores judiciales ni hablar, es imprescindible… Hay un tema que ha tenido menos visibilidad, que es el de la capacidad del pleno del Consejo de la Magistratura nuevo de convocar concursos previos para cubrir las vacantes y subrogancias inmediatamente que se produzcan y evitar la corruptela de tener semijueces que saltan del mostrador, de ser abogados, al otro lado. Son jueces que no saben ser jueces o están atados por los intereses de cuando ejercían la profesión, que terminan su mandato y vuelven a ser defensores y han hecho estragos, por ejemplo en causas de derechos humanos.

–¿Por qué hay una resistencia del gremio al acceso igualitario?

–De la conducción del gremio. Me consta que los trabajadores judiciales no resisten esta reforma del modo en que lo resiste la conducción del gremio. Lo digo, lamentablemente, porque por Julio Piumato tengo respeto y cariño y valoro su trayectoria, pero me parece que acá está jugado a una interna política más grande, que es el encuadramiento de la CGT de Moyano y las posiciones que en este tiempo tiene, claramente es una posición opositora. Ha llevado el gremio a esta situación absurda de oponerse a cosas que siempre reclamó. Nadie dice que el gremio va a quedar afuera del mecanismo de selección, esto no fue reglamentado todavía. Esta es la mesa de enlace judicial. Si un gremio es aplaudido por la patronal que siempre lo despreció, yo me preguntaría si está en el camino correcto. Nada de esto perjudica a los trabajadores judiciales, sobre todo a los futuros trabajadores. A menos que se esté defendiendo el derecho de ser trabajador judicial por acomodo. Hay un lockout patronal que garantiza el paro e incluye hostilidades contra los que no quieren parar. Igual, para los judiciales, no laburar con la habilitación de tus jefes te garantiza un paro impecable. La vieja y rancia familia judicial consigue un doble beneficio con esta posición del sindicato: un aliado impensable en su resistencia a la democratización, sindicato que a su vez se quiebra o debilita por esta alianza. Sólo pierden los trabajadores.

–En términos de reforma, ¿qué faltaría? Ya sea que lo deba implementar el Ejecutivo, o desde adentro del Poder Judicial.

–Hay que insistir con la conducción de los recursos por parte del nuevo Consejo de la Magistratura. Hay algunas cosas más finitas que no merecen ser nombradas en el marco macro, pero el tema de los recursos y de la gestión siempre ha sido de difícil resolución en el Poder Judicial, ya sea por ineptitud o interés. Cuando la cosa está desprofesionalizada nadie controla. Nadie controla qué pasa con los bienes incautados, qué pasa con la gestión de los bienes de las personas que están sometidas a insania. Donde hay dinero, hay una zona bien vidriosa. Hay que insistir con que la Corte tenga sólo facultades jurisdiccionales y haya un organismo de gestión y gobierno, como en todos los lugares del mundo, que no sea la Corte. Y lo segundo es avanzar rápidamente hacia sistemas procesales que acompañen estos cambios organizacionales, que oralicen todo lo oralizable, que en la Justicia penal les saquen a los jueces la misión ambigua de ser jueces y fiscales, dependiendo del humor con que se hayan levantado ese día y que el Ministerio Público tenga la conducción del proceso penal. Y que todo lo que sea pasible de ser incorporado por jueces del pueblo se incorpore, como resolución de conflictos vecinales. Hay que involucrar directamente al pueblo en la resolución de los conflictos porque la cuestión jurídica no es una disciplina hermética. Hacer justicia no es patrimonio de iniciados ni de hechiceros de la tribu. En las culturas antiguas eran los más ancianos y los más sabios, no los magos, los que hacían justicia. Los magos hacían otra cosa, curaban a los enfermos, pero no justicia. Resolver conflictos no es una misión que exija erudición. En muchos casos esa erudición oculta la ineptitud para hacer justicia. Hacer justicia exige otros cuantos valores que son difíciles de encontrar en muchos jueces.

A justiça insólita brasileira é notícia internacional

Nas páginas do mundo cão, do bizarro, do insólito, a justiça de São Paulo, que ordenou a ocupação militar do Pinheirinho, é notícia internacional.

Um morador de rua é o único condenado por roubar o superfaturado metrô de São Paulo. Quando os comedores de tocos da Alstom estão cada vez mais ricos. Conheça os ladrões de colarinho (de) branco. Que a justiça não prende.

Morador de rua condenado

Morador de rua condenado

Piden prisión domiciliaria para un mendigo sin hogar

Un juez de Sao Paulo ordenó prisión domiciliaria para un mendigo procesado por robo, que podría enfrentarse pena de cárcel por incumplir el dictamen de la justicia al no tener un lugar donde vivir, aunque su abogado considera este escenario “precipitado”.

La decisión del juez fue publicada el viernes, según el sitio web de la ONG Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD), a cargo de la defensa del acusado.

En octubre, Nelson Renato da Luz fue aprehendido robando unas placas de aluminio de una estación del metro y fue encerrado durante el juicio. Según la prensa, en su expediente constaba que no tenía domicilio, aunque el dato no formó parte del argumento de la defensa.

“En el proceso faltaba la información de que Nelson era mendigo, hecho que no fue abordado por la defensa para no estigmatizar aún más a un reo que tiene condición de trastorno mental”, indicó el IDDD. “Era innecesario entrar en la discusión de si era mendigo porque no fue solicitada su prisión domiciliaria, se pidió su libertad”, precisó el abogado Marcelo Feller, que lleva el caso por el IDDD, al sitio web Terra.

En su decisión, el juez Figueiredo Gonçalves señala que Da Silva no debería ser internado, ya que no cometió un crimen con violencia o una amenaza grave, pero por otro lado considera que no puede estar en libertad porque podría reincidir en los delitos juzgados. De ahí la decisión de arresto domiciliario.

Gonçalves “aplicó una de las medidas cautelares previstas en la ley, dejando de conceder la libertad, pero utilizando una medida que sustituía la prisión. La medida cautelar escogida fue la de prisión domiciliaria, presumiendo, creemos, que Nelson tendría domicilio”, indicó la ONG en un comunicado.

Ahora, Da Silva podría volver a prisión por incumplir su sentencia, aunque Feller considera este escenario “precipitado” y cree que la próxima semana el juez modificará la decisión y dará a Da Silva “un beneficio compatible con su situación”.

Fuente: AFP

Publicado hoje

Trabalho infantil é escravidão

A Lei do Ventre Livre do imperador Pedro II deixou de valer com a proclamação da República?
Assim parece, com a atitude desumana da justiça PPV.
O mito do Brasil cordial já não convence.

Mais de 400 mil crianças trabalham para o tráfico de sexo

Mais de 400 mil crianças trabalham para o tráfico de sexo

Juízes autorizam trabalho infantil por ignorarem a realidade

por Paulo Peres

Entre 2005 e 2010, cerca de 33 mil autorizações de trabalho foram concedidas pela Justiça para crianças a partir de 10 anos. Os juízes expediram essas autorizações sem saber, pelo menos, o que realmente está acontecendo com as crianças, diz o chefe da Divisão de Fiscalização do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho, Henrique Ramos Lopes, acrescentando que “se trata de uma situação ilegal, que afronta a Constituição Federal em termos de proteção integral à criança e ao adolescente”.

A legislação dispõe que o trabalho é proibido para quem tem menos de 16 anos, com exceção dos menores aprendizes. “É preocupante quando vemos um juiz, um magistrado dar uma autorização para que uma criança e um adolescente comece a trabalhar a partir dos 10 anos, com a justificativa de que sua família é pobre e, portanto, não tem condições de se sustentar. Isso é transferir para a criança a responsabilidade por cuidar da família”, afirma Henrique Lopes.

Para o Ministério do Trabalho, as autorizações judiciais não têm amparo legal, porque a Emenda Constitucional nº 20, que elevou a idade mínima para o trabalho de 14 anos para os 16 anos, está em vigor desde 1988 e, embora muitos juízes a considerem inconstitucional por ferir a cláusula pétrea que prevê o direito ao trabalho, não há qualquer declaração de que ela seja mesmo inconstitucional.

O combate e a erradicação do trabalho infantil nunca foram ligados unicamente à fiscalização, explica Henrique Ramos Lopes. “Agimos articuladamente com outras instâncias de governo. No caso dessas autorizações judiciais, a rede de proteção está se mobilizando. Temos ido ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público para que haja uma posição vinda de cima para orientar os magistrados e promotores. Se o CNJ entender que as autorizações são ilegais e expedir resoluções contra isso, vai nos ajudar muito”.

Estas autorizações são prejudiciais às crianças, uma vez que a maior parte das atividades em que elas se encontram é insalubre, adverte Henrique Lopes, assinalando que há muita dificuldade para realizar uma fiscalização eficiente. “Quando um fiscal chega a um local e verifica uma situação irregular, ele tem que afastar a criança dessa situação. Mas diante de uma autorização judicial, não podemos agir. Já houve casos em que tiramos fotos da situação irregular para apresentá-la ao juiz que autorizou a criança a trabalhar. Ao ver quanto o local era insalubre e prejudicial à criança, o juiz disse não ter autorizado aquilo. Vemos que juízes estão dando autorizações aos patrões sem saber o que está acontecendo com as crianças”.

A única explicação técnica para este crescimento do número de autorizações pode ser o período em que a economia nacional cresceu, porque os estados das regiões Sul e Sudeste são os que apresentam o maior número de casos, informa Henrique Lopes, assinalando:”Contudo, o aumento é constante e nos preocupa, principalmente, porque deixou de ser um problema localizado e passou a atingir todas as unidades da Federação”. (Transcrito da Tribuna da Imprensa)

Daniel Dantas e irmã denunciados por sonegação

O Ministério Público Federal no Rio denunciou o banqueiro Daniel Dantas e sua irmã, a empresária Verônica Dantas, sob a acusação de terem sonegado contribuição previdenciária entre fevereiro e agosto de 2004.

São tantas as denúncias contra o capo que sua ficha suja deve acusar uma metragem maior que a de um rolo de papel higiênico. Mas Daniel jamais será preso. Jamais. Ele é o rei dos habeas corpus.

A previdência reclama do liseu. Para pagar as pensões e aposentadorias dos pobres.

Apesar da sonegação geral e irrestrita, arrecada grana de sobra, desviada pelo governo, para a construção de obras super faturadas e pagar serviços fantamas.

A irmã do escapadio Daniel tinha uma sociedade lobista com a filha encantada do sumido José Serra que tinha uma sociedade para vender facilidades com o desaparecido filho mais velho de Fernando Henrique. Uma empresa de projetos de enriquecimento ilícito igual a de Antonio Palocci.

O Brasil não tem mais nenhuma fábrica. Desnacionalizou todas. Sobram montadoras e oficinas.

O gigante adormecido em berço esplêndido possui apenas fábricas de sonhos. O sonho de enriquecimento rápido. Em verdade, o pensar grande dessa gente faz o Brasil crescer. Pra trás.

As balanças viciadas

Denuncia a revista Istoé:

O advogado Claudio Dalledone Júnior, que defende o goleiro Bruno Fernandes, falou nesta segunda-feira sobre a existência de um esquema de extorsão envolvendo a juíza titular da cidade de Esmeraldas (MG), Maria José Starling, e o antigo advogado do atleta, Robson Pinheiro.
De acordo com Dalledone, a magistrada entrou em contato com a noiva de Bruno, Ingrid Calheiros, oferecendo um plano para soltar o acusado. Segundo a denúncia feita por Ingrid à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a juíza e o ex-advogado do goleiro teriam pedido R$ 1,5 mi para tirar Bruno da cadeia. 

Esta denúncia prova que se faz urgente uma campanha por uma justiça limpa.
No Equador, via plebiscito, o povo decidiu jogar no lixo a justiça PPV. De balanças viciadas.

Tá na hora de acabar com os habeas corpus assinados nas coxas. Coxas lisas e cabeludas.
Tá na hora de acabar com a sujeira dos julgamentos, via engavetamento de processos. E subornos.

Essa Maria José Starling tá de ficha suja. Pra lá de suja.