GOLPE DE TEMER Privatización y extranjerización

Brasil en rebajas


por Alfredo Serrano Mancilla

Detrás de cada golpe a la democracia, suele existir una alfombra roja para que caminen poderosos grupos económicos. En Brasil, el ritmo de las privatizaciones es tan veloz que debería ser objeto del Guinness. Han transcurrido apenas dos meses, y el Presidente interino Temer ha demostrado ser muy eficaz en expropiar al Estado de todo lo que sea considerado altamente rentable. La excusa, la de siempre: reducir el déficit fiscal. La verdad: cumplir con el cometido por el cual se dio el golpe de Estado contra Dilma, esto es, el control económico del país por unos pocos.

El equipo económico de Temer va a por todas. Puso el cartel de rebajas desde el primer día. Todo a precio de ganga para todo empresario con buena voluntad golpista. No hay sector que se escape. En el eléctrico, se están privatizando unas 230 pequeñas empresas -dedicadas a la generación, transporte y distribución- altamente rentables y necesarias para dar cobertura sin discriminación a la mayoría del país. Hidroeléctricas y parques eólicos también son puestas en venta. En el sector transporte, la empresa aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas ya están entregadas. En el sector asegurador, la unidad de Seguro de Caixa Económica Federal (gran prestamista público) ha vendido buena parte de sus participaciones a favor de unas pocas empresas; lo mismo ha sucedido con el instituto de reaseguros de Brasil.

Dos emblemas públicos, en lo simbólico y en lo económico, Correos y la Casa de la Moneda, son otros botines que el gobierno de Temer está dispuesto a subastar al mejor postor. No importa la oferta; lo importante es tener buenos amigos. En el caso de Correos, el escollo es mayor porque se necesita la aprobación en el Congreso. Pero se hará sin problemas porque este es el mismo Congreso que diera el golpe de Estado.

En el caso de aerolíneas locales, Temer ha cambiado un decreto presidencial de Dilma para viabilizar el incremento de la participación de empresas foráneas. Privatización y extranjerización para que ningún gran capital quede afuera de este enorme mercado. Los aeropuertos también se venden. Temer ha abierto la posibilidad de privatizar los aeropuertos locales Santos Dumont (Río de Janeiro) y Congonhas (Sao Paulo).

Se prepara, además, una nueva ronda de licitaciones para el sector petrolero y gasífero que incluirá áreas del Pre-sal, importante reserva en aguas profundas del Atlántico que hasta ahora sólo Petrobrás explotaba. Así, se permite que aparezcan nuevas empresas privadas diferentes a Petrobras para operar en esta zona estratégica con reservas estimadas en 80.000 millones de barriles de petróleo.

A pesar de las rebajas, la agenda privada de calificación de riesgo, Moody’s, quiere más. Y critica que el ajuste fiscal en Brasil “avanza a un ritmo muy lento” con el gobierno de Temer. Se obedecerá. Y así, seguramente, el déficit fiscal actual se reducirá a costa de una masiva descapitalización del Estado que impedirá generar ingresos públicos sosteniblemente. Los programas sociales tienen fecha de caducidad.

El golpe a la democracia es coherente consigo mismo: la economía, cuanto más concentrada y menos democratizada, mejor que mejor. Pero no es únicamente una cuestión de injusticia, sino también de ineficacia. Los datos ya comienzan a cantar por sí solos: la economía de Brasil se contrae. Las ventas del comercio minorista cayeron un 9% en comparación con mayo del año pasado. La actividad productiva también se redujo un 0,51% en ese mismo mes.

Sin embargo, el riesgo país continúa cayendo, feliz con los golpistas. La democracia molesta.

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.

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Usos de la corrupción

Por Horacio Verbitsky
Página 12/ Argentina

La simultánea suspensión de Dilma en Brasil y la imputación y el procesamiento de Cristina aquí marcan el pico de la ofensiva antipolítica, con el pretexto de la corrupción. El gobierno argentino celebró la caída de Dilma por la posibilidad de debilitar el Mercosur y avanzar hacia acuerdos con la Unión Europea y la Alianza Transpacífica. El tema fue tratado por Obama y Macrì en marzo. La prohibición de despidos puede ser ley esta semana.

El jueves 12, Dilma Rousseff fue suspendida como presidente del Brasil y el fiscal Carlos Rívolo imputó por cohecho a la ex presidente argentina CFK. Al día siguiente, el juez Claudio Bonadio procesó a Cristina y a su ex ministro de Economía Axel Kicillof por una operatoria legítima de política económica adoptada por el Banco Central para mantener bajo control el tipo de cambio, que el gobierno de Maurizio Macrì devaluó a pocos días de suceder a CFK, con grandes ganancias para miembros de su familia y de su gabinete. Las políticas socioeconómicas que anuncia el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo de Brasil, Michel Temer, son las mismas que aquí está imponiendo Macrì, cuyo ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay, celebró que el PT perdiera el gobierno de Brasil, porque así será posible subordinar el Mercosur al acuerdo con la Unión Europea y el ingreso de ambos países a la Alianza Transpacífica que impulsa Estados Unidos, tal como Macrì conversó con Barack Obama en marzo. Como desmentida de que gobierne para los ricos, a Macrì no se le ocurrió nada mejor que rodearse de un centenar de poderosos empresarios. Les dio a firmar un documento elogioso de su gobierno y crítico del proyecto que prohíbe los despidos por seis meses, sancionado por el Senado y que la Cámara de Diputados podrá convertir en ley esta semana. Sin inmutarse pusieron la firma pero no esperaron ni una semana para proseguir con los despidos. Frente al ministerio de Educación, el jueves se produjo la cuarta gran movilización en un mes y medio contra las políticas oficiales. Si Macrì cumple su promesa de vetar la ley contra los despidos, además podría producirse el primer paro general.

Ya hace 30 años, el mismo día de diciembre de 1986 en que el Congreso argentino votó la ley de punto final, el de Uruguay sancionó su equivalente, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La voluntad estadounidense de entonces para terminar la persecución penal a los autores militares de los crímenes de ambas dictaduras está tan bien documentada como las gestiones del entonces presidente Raúl Alfonsín ante su colega oriental Julio María Sanguinetti y ante el hijo del líder opositor Wilson Ferreyra Aldunate, a quien le transmitió un mensaje recibido de la embajada norteamericana, sobre un 50 por ciento de probabilidad de golpe de Estado si no se detenían los juicios.

La coordinación entre los procesos de destitución y hostigamiento de Dilma, Lula y Cristina sólo puede afirmarse hasta ahora por la constatación de su simultaneidad, el contexto internacional y la simpatía de los mismos actores, nacionales e internacionales. Del apoyo externo a la desestabilización en la Argentina se conoce hasta la confesión de uno de los blogueros que viajaron a Brasil para recibir financiamiento de los fondos buitre. Lo único transparente de esta historia es el intento de sacar de circulación a los líderes populares capaces de unificar a los distintos sectores descontentos para revertir las políticas neoliberales, Lula en Brasil, CFK en la Argentina.

El combustible y la máquina

En los dos países, el combustible que alimentó la máquina destituyente fueron las denuncias de fraudes contra la administración pública. El vehículo de su divulgación fue una prensa gráfica y audiovisual al mismo tiempo parte y articuladora de los intereses económicos afectados por los respectivos gobiernos populistas, y el mecanismo de conversión de esas denuncias en hechos políticos, un Poder Judicial extralimitado, presidido por dos ambiciosos de vanidad insondable y un afán de protagonismo excitado por aquellos medios. Los desenlaces fueron distintos: Joaquim Barbosa dejó en 2014 la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y hoy desde el llano objeta el impeachment de Dilma, mientras Ricardo Lorenzetti sigue creyendo que su oportunidad se aproxima, para lo cual luego de acabar con CFK, la vindicta judicial debería dirigirse a Macrì. Con una economía en recesión profunda durante dos años, Dilma fue suspendida y sólo una contundente respuesta popular podría impedir su destitución dentro de seis meses; Cristina terminó su mandato y dejó un país con moderado crecimiento, la menor desocupación en un cuarto de siglo, la inflación elevada pero en descenso y el endeudamiento en divisas con acreedores privados más bajo en dos siglos de historia argentina, medido en proporción al Producto Interno Bruto. Dilma ganó la reelección pero al inclinarse por las políticas de ajuste que había impugnado en campaña y al alejarse de Lula, precipitó una crisis política que no logró revertir ni siquiera con la enmienda de aquel rumbo equivocado, que llegó tarde. CFK no pudo postular a una nueva reelección porque la Constitución permite un máximo de dos mandatos consecutivos y aún así el candidato de su frente político fue vencido en el balotaje por un estrecho margen de dos puntos porcentuales. La demolición de su liderazgo en la Argentina y del de Lula en Brasil es la ocupación principal de los respectivos gobiernos y, aquí, de sectores dirigentes de su propia fuerza, que la perciben como el mayor obstáculo para sus aspiraciones de sucederla. Ambas presidentes cometieron errores que facilitaron la tarea de sus adversarios y/o enemigos, pero ése es el dato menos relevante del panorama actual, porque no fueron esas falencias la razón de la inquina en los sectores tradicionales del poder político y económico, sino las transformaciones políticas, sociales y de alianzas internacionales que ambos gobiernos impulsaron.

Durante las 24 horas del día las propaladoras mediáticas de los dos países instalaron la idea de sistemas carcomidos por una corrupción generalizada, que terminó por asociarse con el propio sistema democrático. Con todos sus defectos, la política es el único escudo con que los sectores populares pueden cubrirse de las embestidas de los poderes fácticos. Su deslegitimación constituye así un objetivo estratégico de esos sectores. La misma operación derivó durante el siglo anterior en una sucesión de golpes militares que desplazaron a los gobernantes electos Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Getulio Vargas, Arturo Frondizi, Janio Cuadros, Joao Goulart, Isabel Martínez de Perón. En Brasil aportan leños a la hoguera las iglesias evangélicas, que tienen fuerte representación tanto en los medios audiovisuales como en el Congreso; en la Argentina, el Episcopado Católico, presidido por José María Toté Arancedo, primo hermano del ex presidente Raúl Alfonsín. El mayor de sus hermanos, Ricardo Perucho Arancedo, se encargó de la sociedad familiar Arancedo Hermanos, que está entre los principales consignatarios de hacienda del país. Dos hermanas del prelado, Marilina y María Amalia Arancedo, se casaron también con fuertes ganaderos y el primo Roberto Arancedo preside el Mercado de Liniers desde hace casi un cuarto de siglo. La insustancial declaración que Arancedo firmó por el Bicentenario plantea la corrupción de los políticos como un asunto de la mayor gravedad, con citas expresivas de su antecesor en el cargo, Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, quien la menciona como “llaga putrefacta”. En la conferencia de prensa en la que se entregó el documento, Arancedo dio su pueril explicación de los males sociales: “Cuando alguien se queda con un vuelto, eso significa pobreza, pobres que sufren”. El documento también reivindica a la justicia y reclama su independencia, lo cual anticipa el respaldo que recibirá Lorenzetti en el Vaticano como jefe del partido judicial, cuando viaje el mes próximo. Algunos de los columnistas más cotizados de la televisión argentina reclaman a los alaridos la detención de la ex presidente CFK, aunque hasta ahora no se le ha probado ningún acto ilegal. En el caso de Dilma, ni siquiera hay presunciones y denuncias. Hasta aquellos políticos opositores que votaron a favor del juicio político se abstuvieron de formularle cargos por cualquier desvío de fondos públicos en beneficio propio y sólo la acusaron por la reasignación de partidas del presupuesto, algo que hicieron todos los gobernantes que la precedieron y que es práctica generalizada en el mundo, como flexibilidad imprescindible para el funcionamiento de administraciones complejas, en las que no es posible prever todas las variables en forma rígida. Otra similitud entre ambos procesos nacionales es que quienes pretenden encarnar la virtud ante gobernantes viciosos tienen a su vez denuncias por delitos tanto o más graves y alguno como Eduardo Cunha, fue separado de la presidencia de la Cámara de Diputados brasileña una vez que se confirmó su procesamiento por lavado de dinero con cuentas no declaradas en el exterior.

Hablemos de corrupción

Varios jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron sometidos a juicio político la década pasada por haber obstruido que se investigara un contrabando de automóviles por el que había sido procesado el actual presidente Macrì, utilizando como instrumento una compañía offshore radicada en el Uruguay. Hoy Macrì está bajo examen judicial por otras compañías offshore, aquellas que aparecieron en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación bajo la denominación genérica de Panama Papers. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger está procesado por su participación en el ruinoso Megacanje de 2001, que incrementó la deuda externa en decenas de miles de millones de dólares. Macrì comparte el honor de los Panama Papers con el primer ministro británico David Cameron y ambos han derivado la responsabilidad hacia sus respectivos padres. Para el argentino es un poco más difícil, porque su progenitor vive y sigue con la sangre en el ojo por el modo en que hijos y sobrinos lo despojaron del holding familiar. El carterista que para desviar a la multitud que lo persigue huye gritando “Al ladrón, al ladrón” es un clásico del humor gráfico. Cameron tuvo la audacia de convocar a una cumbre mundial contra la corrupción, en la que la canciller argentina Susana Malcorra representó a Macrì. Desde hace años, el economista argentino Jorge Gaggero señala a las guaridas fiscales como el elemento clave en la fuga de capitales, que en muy pequeña medida involucra a los gobiernos. Las transferencias netas de recursos financieros desde los países pobres y medios hacia los más ricos crecieron de 46.000 millones de dólares anuales en 1995 a un estimado de no menos de un billón (en la nomenclatura argentina, es decir un millón de millones) en 2010, que se van en “pagos masivos de deuda, los desequilibrios comerciales, la fuga de capitales y la acumulación de activos externos en divisas fuertes”. Ocho de las diez guaridas más opacas e importantes están en América del Norte o Europa. La primera, en los Estados Unidos (el estado de Delaware), la segunda y la tercera son europeas continentales (Luxemburgo y Suiza), la cuarta caribeña (las Islas Caiman) y la quinta inglesa (la City de Londres). Gaggero incluye un cuadro basado en los datos de Raymond Baker (“El talón de Aquiles del capitalismo”, de 2005): el 64,3 por ciento de los flujos ilícitos globales correspondía a transacciones comerciales; el 30,6 por ciento a actividades delictivas y el 5,1 a corrupción gubernamental. Con ocasión de la cumbre convocada por Cameron en homenaje a su difunto padre, los principales periódicos financieros del mundo y el más importante diario independiente inglés, publicaron sendas investigaciones sobre los aspectos más oscuros del sistema financiero internacional. La del Financial Times se titula “Dinero negro, el secreto sucio de Londres” y describe a la City como “centro global de las finanzas ilícitas” y un agujero negro para el lavado de dinero y la evasión fiscal. En el mismo artículo, Alex Cobham, investigador principal de la organización de la que forma parte Gaggero, Tax Justice Network, dice que la red británica secreta es la más grande del mundo y que los bancos británicos y sus subsidiarias siguen lavando cada año “centenares de miles de millones de dólares de dinero de origen delictivo”. En The Guardian, el columnista Simon Jenkins afirma que “la esencia de un estado corrupto es el capitalismo de amigos”, que consta de “sobornos, arreglo de licitaciones, evasión fiscal y abuso del poder político para procurar ganancias personales o empresariales”. Sobre ese mismo concepto, The Economist compone un ranking mundial titulado “Capitalismo de amigos en el mundo”, en el que Gran Bretaña cumple un rol descollante. El periódico estima que un tercio de la inversión extranjera global se canaliza a través de guaridas financieras, en su mayoría británicas, e ironiza que convocar en Londres una conferencia contra la corrupción evoca la elección de Libia para presidir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003. Al referirse a los enclaves de Jersey, Gibraltar, Bermuda y las Islas Vírgenes, afirma que Cameron debería decirles que pueden independizarse y federarse con Panamá si lo desean, pero de otro modo “debería cesar su hospitalidad con quienes roban a los contribuyentes de todo el mundo”.

Las guaridas británicas se establecieron “como forma económica de mantener colonias sin necesidad de subsidiarlas. Ahora constituyen una masiva desviación de recursos globales, para evitar el pago de impuestos a los estados soberanos”. La publicación estima que esos escondrijos impositivos albergan unos 20.000 a 30.000 billones de dólares, es decir 20.000 a 30.000 millones de millones (trillion en inglés).

The Economist afirma que las empresas de alta interacción con el Estado son vulnerables al capitalismo de amigos, y entre ellas enumera casinos, contratos de defensa, bancos, obras de infraestructura y tuberías, puertos y aeropuertos, construcción y negocios inmobiliarios, acero, minería, commodities, telecomunicaciones. En términos argentinos esta definición incluiría, entre otros, a Lázaro Báez, Cristóbal López, Angelo Calcaterra y Nicky Caputo, pero también a Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, los hermanos Bulgheroni y la propia famiglia Macrì. Este es el problema estructural que ninguna fuerza política significativa parece interesada en plantear, porque las discusiones sobre el tema sólo procuran el escándalo que tan fácil se suscita como se olvida y la utilización como arma arrojadiza contra los adversarios políticos. La Argentina no es una excepción. Para la Tax Justice Network, pese a toda la retórica de la cumbre, el gobierno británico no exigió a sus territorios de ultramar y posesiones de la corona que se ajusten a las normas de transparencia que se les exigen a Nigeria, Afganistán o Kenya. Otro tanto puede decirse de Estados Unidos, el único centro financiero internacional que rehusó comprometerse como lo hicieron 101 países, al intercambio automático de información. “Que no se vuelva a hablar de la corrupción como un problema de los países en desarrollo”, concluye la Tax Justice Network.

Brasil: El sombrío escenario del post-impeachment

por Fernando de la Cuadra /Alai

Después del triste espectáculo protagonizado por la Cámara de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment, ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura del proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La oposición ya cuenta con más 41 votos favorables para la casación del mandato de la presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que asumirá el actual vice-presidente Michel Temer, un personaje que ha conspirado entre bambalinas la destitución de la mandataria. De una mera figura decorativa se ha transformado en el principal instigador del golpe institucional y parlamentario que se cierne sobre el país.

A pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político disfrazado de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron las elecciones y por otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían por medio del escrutinio popular. Ello quedó aún más evidencia a partir de una exposición secuencial de los motivos más bizarros invocados por los diputados que votaron a favor del impedimento: Dios, la familia cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector agropecuario, etc.

De consumarse el golpe, un primer escenario que se vislumbra a más corto plazo, es que Michel Temer asumirá interinamente la presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación definitiva (en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de octubre- periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen algunas razonables incertezas, por la actual composición del senado y por el efecto estampida que se observó en la Cámara, todo parece indicar que la tendencia es que la presidenta sea condenada y automáticamente destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en forma definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la casación, Dilma Rousseff quedaría inhabilitada durante ocho años para ejercer cualquier tipo de función pública.

Asimismo, el propio Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro proceso de impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado de una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera de una resolución de admisibilidad por parte de su presidente. Este recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó interinamente el cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también firmó algunas resoluciones que constituyeron “pedaladas fiscales”, es decir, existen fuertes indicios de que igualmente incurrió en crimen de responsabilidad fiscal.

Por otra parte, existe la posibilidad de que sea sancionado próximamente un parecer del Supremo Tribunal Electoral (TSE) que debe impugnar la chapa Rousseff-Temer por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014. Si este proceso se sanciona antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016), se anula la chapa vencedora de la última elección y asume interinamente el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Si la casación ocurre a partir de la segunda mitad de mandato, la elección del nuevo mandatario o mandataria es realizada indirectamente por el Congreso Nacional. En esta hipótesis y considerando el conservadurismo y la baja índole moral del actual Congreso, no es para nada remota la posibilidad de que el escogido sea aun peor que Michel Temer y su cuadrilla del PMDB. El propio Eduardo Cunha, un personaje siniestro y declarado reo por el Supremo Tribunal Federal (STF) por innumerables casos de corrupción, puede llegar a ser, en función de sus articulaciones, el próximo presidente de Brasil. Esta posibilidad representa un futuro más que tenebroso para el país.

Además existe la alternativa de la renuncia inmediata de la presidenta y la convocación a nuevas elecciones. Pero a juzgar por las declaraciones de sus asesores y de la propia mandataria, la defensa de su inocencia va a ser llevada a cabo hasta la instancia final del juicio en su contra. De igual manera, Michel Temer también puede renunciar en caso de asumir la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Ello va a depender de la vulnerabilidad que tenga, ya sea por los problemas de legitimidad que pesan en su contra, por una escalada de movilizaciones populares y una consecuente situación de ingobernabilidad en todo el país o por el avance del proceso de inhabilitación en su contra que lo dejaría inmune a una alta inestabilidad jurídica y administrativa.

Lamentablemente todos estos posibles escenarios permiten augurar que Brasil continuará sumergido en una crisis política profunda, a la que se viene a sumar una recesión económica grave y una casi completa falta de credibilidad moral y ética en la clase política y empresarial. Lo más previsible es que Brasil sea palco de muchas manifestaciones de protesta y descontento en un clima de creciente conflictividad, que ni siquiera la próxima Olimpiada podrá atenuar. Sin embargo, pensando dialécticamente, ello también puede representar una oportunidad para que las fuerzas progresistas se unan en torno a un amplio bloque histórico que impulse un proyecto de transformación con el fin de preservar y superar las conquistas ya alcanzadas.

Fernando de la Cuadra
Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.

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Revanchismo conservador

En Brasil, el programa esbozado por los políticos más corruptos del país – Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, vicepresidente y presidentes de la Cámara y del Senado, respectivamente, todos del partido PMDB – representaría un durísimo ajuste fiscal, con cortes sustanciales en las políticas sociales introducidas por el gobierno Lula y profundizadas por el de Dilma. Además del ataque entreguista a Petrobras y al Pre-sal (plataforma petrolera submarina).

 

por Emir Sader
El Mundo/ Página 12

 

Hablamos de restauración conservadora, pero la expresión es un tanto fría para designar el proceso real con que la derecha latinoamericana amenaza a nuestros países. No se trata de un proceso frío de sustitución de un modelo económico por otro. Detrás de ese cambio aparecen cambios profundos en las relaciones de clase, con sentimientos y rencores.

Los gobiernos progresistas de América Latina cometieron el pecado de lesionar intereses de las elites dominantes. En Brasil, el editor jefe del diario O Globo – un tal Ali Kamel – llegó a escribir un libro para acusar a los que han introducido la política de cuotas para negros en las universidades públicas, de haber “introducido” (sic) el racismo en Brasil. Los negros estaban quietos, según él, a lo mejor resignados por su condición, en un país conocido por su “democracia racial”, por una integración consentida, cuando la política de cuotas despertó en ellos sentimientos malos. El libro se llama No somos racistas y acusa a los que han introducido las políticas de cuotas de haber introducido el racismo en Brasil.

Sentimientos similares se mantuvieron presentes en sectores de las elites tradicionales, cuando vieron que sus privilegios dejaban de ser sólo suyos, para convertirse en derechos de todos. Hay sectores de la clase media que no quieren derechos, prefieren privilegios que los incluya solamente a ellos.

Los gobiernos progresistas han promovido los derechos de la gran masa que siempre había estado rezagada, discriminada, excluida. Es una experiencia inolvidable para ellos y traumática para los que los querían siempre abajo. Se fueron acumulando rencores, conforme esa masa fue eligiendo y reeligiendo a los gobiernos que atendían sus reivindicaciones.

Ahora, cuando la derecha ve posibilidades de retornar al gobierno – vía elecciones, como en Argentina o de alguna forma de golpe blando, como en Brasil y en Venezuela –, sus designios se van volviendo claros. No se trata solamente de adecuaciones económicas, sino de virajes fundamentales hacia economías de mercado, abiertas al libre comercio, la vuelta a Estados mínimos y a fuertes recortes de empleos y de los derechos sociales de la gran mayoría.

Se trata de una verdadera revancha social, porque las correlaciones de fuerzas entre las clases han cambiado mucho, a favor de las capas populares. Las elites y la derecha no perdonan haber cedido espacios para los derechos de la masa de la población. Macri ataca directamente las políticas sociales del gobierno de Cristina, so pretexto de equilibrar las finanzas públicas y combatir la inflación.

En Brasil, el programa esbozado por los políticos más corruptos del país – Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, vicepresidente y presidentes de la Cámara y del Senado, respectivamente, todos del partido PMDB – representaría un durísimo ajuste fiscal, con cortes sustanciales en las políticas sociales introducidas por el gobierno Lula y profundizadas por el de Dilma. Además del ataque entreguista a Petrobras y al Pre-sal (plataforma petrolera submarina).

Hablar simplemente de restauración parece algo plácido respecto a la violencia del contenido social de las medidas que buscan poner en práctica, así como de la represión que necesariamente las acompaña.

La lucha por la defensa de la democracia y de los gobiernos progresistas no es solamente una lucha política y electoral, es una inmensa batalla social, de defensa de la gran masa de la población, cuyos derechos están en juego bajo la feroz revancha de clases que la derecha lleva a cabo o pretende hacerlo donde lucha por volver al poder.

 

el objetivo es destruir un proyecto popular y progresista que fue (y todavía es) clave para el desarrollo de una corriente progresista que impulsó transformaciones profundas en varios países

Brasil, a todo o nada

por PEDRO R. BRIEGER*
Diario Público/ Espanha

La decisión de la Justicia brasileña de suspender el nombramiento de Lula da Silva como jefe de gabinete de Dilma Rousseff es un hecho de suma gravedad institucional. Habría que bucear en lo más profundo de la historia latinoamericana para encontrar antecedentes del nombramiento de un ministro de tan alta jerarquía frenado por la Justicia.

Hay que ser muy ingenuo para pensar que el juez Itagiba Catta Preta Neto actuó como parte de una lucha global contra la corrupción, de la misma manera que divulgar las escuchas entre la presidenta Rousseff y el exmandatario Lula da Silva “casualmente” cuando ellos estaban reunidos no forma parte del saneamiento moral del Brasil.

Desde que Rousseff reasumió la presidencia el 1 de enero de 2015, la oposición se puso como objetivo explícito lograr su renuncia en un triple juego de pinzas y evitar que Lula se presente como candidato en 2018. Y si es posible, destruirlos a ambos. Claro que no se trata de una cuestión personal: el objetivo es destruir un proyecto popular y progresista —en el más amplio sentido de la palabra— y que fue (y todavía es) clave para el desarrollo de una corriente progresista en la región que impulsó transformaciones profundas en varios países. Lo que se busca es archivar por décadas lo que se define despectivamente como “populista”.

En este “juego de tres pinzas” están, por un lado, los partidos políticos opositores liderados por Aécio Neves, derrotado en la segunda vuelta de 2014, y que desde septiembre de 2015 en entrevistas y comunicados asegura que el gobierno de Rousseff “se acabó”, lo que reiteró esta semana. Y el histórico PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), todavía un aliado del gobierno. Todavía.

Por otro lado existe un sistema judicial que insiste en juzgarlos a Lula y Dilma en base a acusaciones de corrupción que ambos niegan a viva voz. La tercera pinza es la de los principales medios de comunicación, que no sólo informan y analizan la situación política sino que también convocan abiertamente a movilizarse en las calles contra el gobierno de Dilma. Además, difunden materiales de los juzgados que inducen a pensar que existe una trama corrupta y de encubrimiento entre ambos sin que existan pruebas concretas. No es casual que durante la jura de Lula muchos de los presentes corearan “el pueblo no es bobo, abajo la red O Globo”, en clara alusión al papel opositor del grupo mediático más poderoso del Brasil.

¿Qué les queda a Dilma y a Lula? Su base social, aunque desencantada. ¿Podrán apelar a ella? Es la pregunta del millón

El “juego de las tres pinzas” funcionó a la perfección el jueves 17 de marzo. El mismo día que debía asumir Lula como jefe de Gabinete, el influyente diario Folha de Sao Paulo sugestivamente titulaba “es el fin” a su columna editorial. En la última frase del editorial se podía leer: “Ya se decía que, con el nombramiento de Lula, el gobierno de Dilma Rousseff llegaba a su fin. Tal vez esa fase deba ser encarada a partir de los próximos días de forma más literal de lo que se pensaba”. Claro como el cristal. A los pocos minutos de asumir Lula como jefe de gabinete, un juez suspendió su designación en una medida sin precedentes y poco después la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión especial de impeachment (juicio político) para destituir a la presidenta. Las tres pinzas al mismo tiempo.

Dilma suma a Lula a su gobierno para fortalecerlo, reforzar el vínculo perdido con sus votantes y los sectores populares, y desarmar la trama política del pedido de juicio político iniciado por la oposición. La crisis política aceleró los tiempos de Lula que pensaba lanzarse como candidato a la presidencia en 2018. Pero el triple juego de pinzas está actuando con celeridad y coordinación. Parece que ahora es a todo o nada.

 

* Pedro Brieger es periodista y directo de la revista Nodal. Reproducimos este texto publicado originariamente en la web Nodal.am

Imprensa brasileira esconde o imenso mar de lama que cobre as minas gerais dominadas pela pirataria internacional

A imprensa brasileira esconde, principalmente a de Minas Gerais. Sacanagem dos barões da mídia comprados pela Vale, uma ex-estatal brasileira, que foi entregue aos piratas.

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A Vale vale trilhões e venderam por apenas 2 bilhões e 200 milhões. Coisa de quintas-colunas e ladrões das riquezas do Brasil.

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Pobre Brasil empestado de traidores podres de ricos.

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Mais tóxicos, mais podres que o vale de lama da Vale do Rio Que Era Doce. Veja aqui